El juez de Ejecución Carlos Mendoza ejecutó dos fianzas reales por valor Gs. 500.000.000 cada una, en relación a un inmueble ofrecido como garantía por los condenados Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, exdirectivos de la firma Televox. Los mismos no se presentaron para cumplir sus penas de 4 años de cárcel, en la causa relacionada a la compra irregular de equipos de inteligencia en la SENAD.
De acuerdo con la resolución judicial, Alfredo Javier Bóbeda Mongelós, condenado por un hecho punible que involucra el patrimonio del Estado, había sido intimado el 11 de agosto del 2025 a presentarse voluntariamente ante el Juzgado, una comisaría o penitenciaría habilitada.
En caso de no hacerlo, se dispuso como medida final la ejecución de la caución real que recaía sobre el inmueble identificado como Finca Nº 21.016 del barrio San Roque, Asunción, propiedad de sus padres, Nicasio Bóbeda y María Esperanza Mongelós de Bóbeda. El plazo otorgado venció sin que el condenado cumpliera la disposición, lo que llevó a que el tribunal resolviera ejecutar la garantía ofrecida.
En paralelo, Nicasio Bóbeda, también condenado en la misma causa, fue igualmente intimado a presentarse. Si bien presentó un incidente de prisión domiciliaria, lo hizo de forma incorrecta y fuera de plazo, por lo que el tribunal consideró que no se dio cumplimiento efectivo a la orden judicial.
La decisión se sustenta en el art. 258 del Código Procesal Penal (CPP), que faculta la ejecución de las cauciones en casos de rebeldía o incumplimiento de condena. Asimismo, se aplicó la Acordada Nº 1809/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que regula el procedimiento para ejecutar garantías reales en el marco de procesos penales.
En atención a que la condena está vinculada a un hecho que compromete el patrimonio del Estado, la resolución fue comunicada a la Procuraduría General de República (PGR), institución encargada de iniciar el proceso de ejecución y cumplimiento de la sentencia. El fallo establece que la caución real de Gs. 500.000.000 ofrecida sobre la propiedad de los padres de los condenados será ejecutada conforme a las reglas del Código de Procedimientos Civiles, mediante el procedimiento de remate, hasta cubrir el monto establecido.
Con esta medida, la Justicia busca garantizar el cumplimiento de la condena dictada en diciembre del año 2022 y confirmada en julio del 2025 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que los condenados hicieran caso omiso a las intimaciones previas.
