El abogado Abel Areco de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), dijo que dicha modificación es una ley excluyente y que se aprueba para intereses sectoriales, no para la mayoría ciudadana. Habló de que la elevación de la pena no disminuirá la invasión de las tierras, sino que la problemática social habla de derechos fundamentales para el ser humano.
Resaltó que existe una enorme desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra en el país y que el discurso de que hay una industria de invasión de tierras en el país, es un discurso falaz porque la mayoría de los asentamientos urbanos como rurales habilitados post dictadura son frutos de ocupaciones.
Habló también sobre el trabajo de la Comisión Verdad y Justicia, que reveló que investigó la adjudicación de tierras desde 1954 hasta el 2003, millones de adjudicaciones se realizaron de manera irregular durante la reforma agraria.
Refirió que descubrió que alrededor de 8 millones de hectáreas públicas fueron entregados a políticos, militares, dictadores y que no fueron recuperadas y que el Poder Judicial es el principal responsable debido a que –según su criterio- se malinterpreta la ley.
Destacó la necesidad de una nueva política de redistribución de tierras y de que el Estado trabaje en disminuir la concentración de las tierras en algunas personas.
