En democracia, el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia, por lo que resulta imprescindible para el sustento de dicho sistema. Comprende un rol clave en la interpretación y cumplimiento satisfactorio de las leyes, tarea que implica cumplir obligaciones inexcusables.
La digna obligación de impartir justicia debe establecer una conexión entre los magistrados y la ciudadanía. Los primeros deben generar ese vínculo que será importante para que los justiciables entiendan y acepten los fallos judiciales por el imperio de la ley.
Por su parte, la Fiscalía que desde marzo tendrá nueva administración, deberá impartir instrucciones precisas para evitar tener imputaciones sin fundamentos o sin descripción de los hechos.
El nuevo fiscal General deberá ser claro y firme en cuanto a los procesos de tinte político, de aquellos pedidos ilegales de prisión preventiva (presos por un kilo de carne), o aquellas causas que incluso llegan a juicio sin que se cumplan los presupuestos de la punibilidad. Ambas instituciones tienen una gran deuda con la ciudadanía.
