El juez Rolando Duarte elevó a juicio la causa contra Álvaro Andrés López Maldonado, alias “Chavo”, acusado por supuesta coacción, extorsión y amenaza de hechos punibles. Según la acusación, los hechos iniciaron el 06 de diciembre del 2024, cuando López Maldonado contactó a la víctima a través de WhatsApp, identificándose como “Carlos” representante de una asociación de pescadores de la Chacarita y solicitó una ayuda económica de Gs. 400.000 para la supuesta compra de víveres.
De acuerdo con los antecedentes, el procesado habría extorsionado en reiteradas ocasiones al ciudadano Bruno Fiorio Carrizosa y a su familia, utilizando amenazas de muerte para obtener transferencias de dinero a su cuenta bancaria. El monto total entregado bajo presión ascendió a Gs. 5.525.000.
Según la acusación presentada por el Fiscal Federico Delfino, López Maldonado se hacía pasar por “Carlos”, supuesto representante de una asociación de pescadores de la Chacarita, desde donde exigía sumas de dinero primero bajo el pretexto de “ayuda económica” y posteriormente mediante amenazas directas contra la vida del denunciante, su esposa y sus hijas. Para intimidarlos, incluso enviaba fotografías familiares acompañadas de advertencias de represalias.
Las transferencias, que se realizaron entre diciembre del año 2024 y enero del año 2025, fueron enviadas por la víctima y su cónyuge, Stephany Memmel Cano, a cuentas del Ueno Bank, siempre bajo el temor de que se cumplieran las amenazas. Finalmente, en fecha 09 de enero del 2025, en el marco de un operativo de entrega vigilada, anteriormente autorizado por el juzgado, el acusado fue detenido junto con un cómplice, Juan Ramón Cañete, en inmediaciones del World Trade Center de Asunción.
Durante la audiencia preliminar, la defensa del acusado, a cargo del abogado Juan Ángel Chávez, se allanó a la elevación del caso a juicio oral y público, solicitando sin embargo la incorporación de estudios psicológicos, psiquiátricos y un informe socioambiental sobre su defendido. Estas pruebas fueron admitidas por el juzgado para ser diligenciadas en etapa de la audiencia oral. En el marco del proceso, el propio imputado manifestó hallarse gravemente enfermo de tuberculosis y aseguró no poder soportar el proceso, insinuando incluso la posibilidad de atentar contra su vida. El tribunal, sin embargo, dispuso la apertura del juicio oral con el fin de esclarecer los hechos.
El expediente cuenta con numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales, incluidas las capturas de pantalla de las conversaciones, comprobantes de transferencias, informes policiales, pericias digitales y el secuestro de teléfonos celulares. Todo ello, según el fiscal Delfino, constituye evidencia suficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado.
Con la resolución dictada, la causa queda lista para ser ventilada en un juicio oral y público, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de López Maldonado de 31 años.
