El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral la causa contra Ofelia Inés Pujol de Valdez, quien se desempeñaba como cajera del Banco Nacional de Fomento en la sucursal de San Juan Bautista, departamento de Misiones. La decisión se adoptó tras la audiencia preliminar, en la que el magistrado concluyó que existen elementos suficientes para que un tribunal de sentencia analice el caso en debate público.
De acuerdo con la acusación de presentada por el fiscal Néstor Coronel, los hechos investigados habrían ocurrido entre enero y septiembre del 2021, periodo en el cual la funcionaria presuntamente realizó 58 manipulaciones irregulares vinculadas a boletas de depósito correspondientes a la cuenta corriente de la Coopersanjuba Ltda.. Estas operaciones habrían derivado en un perjuicio económico estimado en Gs. 3.403.739.621 para la entidad bancaria.
El relato fáctico describe un patrón de actuación reiterado; la cajera habría estampado sellos y firmas en duplicados de boletas de depósito, generalmente de color amarillo, para entregarlos como constancia de operaciones supuestamente ya acreditadas, generando la apariencia de que los montos habían sido ingresados al sistema bancario. Sin embargo, según la investigación, las operaciones reales se formalizaban días o incluso semanas después, en los comprobantes originales, en algunos casos con enmiendas en las fechas.
Entre los ejemplos detallados en la acusación figuran depósitos por sumas millonarias que habrían sido certificados como realizados en determinadas fechas, aunque su registro efectivo se habría concretado con posterioridad. El mecanismo, siempre según la hipótesis fiscal, consistía en la alteración o corrección de datos en los documentos originales, lo que producía discrepancias entre los registros y el momento real de acreditación del dinero.
El Ministerio Público sostiene que este procedimiento se repitió en decenas de ocasiones, generando inconsistencias contables y afectando el control interno de las operaciones financieras. La acusación considera que las irregularidades no fueron hechos aislados, sino parte de una modalidad sistemática que será objeto de análisis probatorio en el juicio.
La resolución dispone la remisión del expediente para la conformación del tribunal y la posterior fijación de fecha de juicio, instancia en la que se examinará la eventual responsabilidad penal de la acusada. El caso adquiere relevancia por el volumen del presunto perjuicio y por involucrar operaciones dentro de una institución financiera pública, lo que otorga especial interés institucional al esclarecimiento de los hechos y al resultado del proceso judicial.
