El juez penal de garantías Rolando Duarte Martínez resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Guido Evaristo González Duarte, funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), acusado por los presuntos hechos punibles de producción de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios.
La decisión fue adoptada durante la audiencia preliminar realizada este 29 de mayo, luego de que el Ministerio Público ratificara la acusación presentada mediante el Requerimiento Fiscal Nº 38. La investigación está encabezada por el fiscal Oscar Delfino. Según la hipótesis fiscal, González Duarte habría presentado ante dependencias administrativas de la ANDE un supuesto título de “Ingeniero en Electrónica” expedido por la Universidad Nacional de Asunción, documento que presuntamente no sería auténtico y que habría sido utilizado para acceder y ascender a cargos profesionales dentro de la institución estatal.
La acusación sostiene que, con base en dicho títulos, el funcionario fue nombrado como ingeniero mediante la Resolución P/N.º 31660 del 29 de agosto del 2012, firmada por el entonces presidente de la ANDE, Carlos D. Heisele Sosa. De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, el procesado habría percibido desde entonces salarios y beneficios correspondientes a la categoría profesional de ingeniero, generando un presunto perjuicio patrimonial a la ANDE mediante el cobro indebido de haberes.
La causa se originó a partir de una auditoría interna realizada por la ANDE, que detectó inconsistencias relacionadas con el título académico presentado por el funcionario. Posteriormente, mediante una respuesta oficial remitida por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción a través de la Nota UNA Nº 2094/2023, se informó que el título no figuraba en los registros universitarios y que no correspondía a Guido Evaristo González Duarte.
Durante la audiencia preliminar, la defensa planteó como cuestión previa una excepción por falta de acción y la prescripción de la acción penal, argumentando que había transcurrido el plazo legal para acusar. Sin embargo, el fiscal Oscar Delfino sostuvo que los hechos investigados continúan produciendo efectos hasta la actualidad, debido a que el acusado sigue desempeñándose como funcionario activo de la ANDE y continúa percibiendo remuneraciones vinculadas al supuesto título cuestionado.
Al analizar el incidente, el juez Rolando Duarte concluyó que la conducta atribuida posee características de continuidad en el tiempo, ya que el eventual beneficio económico derivado del documento presuntamente falso se seguiría produciendo mensualmente mientras el funcionario permanezca en el cargo.
En ese sentido, el magistrado consideró que el plazo de prescripción aún no comenzó a correr formalmente, debido a que la conducta investigada no habría cesado, por lo que rechazó la excepción planteada por la defensa. Asimismo, la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo alegando supuesta insuficiencia probatoria y ausencia de pericias técnicas documentológicas y contables.
No obstante, el juzgado entendió que la etapa preliminar no constituye una instancia de valoración definitiva de pruebas, sino un control sobre la suficiencia de los elementos para sostener la acusación en juicio oral. El magistrado sostuvo que el informe oficial expedido por la UNA, las conclusiones de la auditoría interna de la ANDE, las liquidaciones salariales y las demás pruebas documentales y testimoniales ofrecidas constituyen elementos suficientes para debatir el caso en un juicio oral y público.
En consecuencia, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo, admitió íntegramente la acusación fiscal y ordenó la apertura a juicio oral y público contra Guido Evaristo González Duarte. También fueron admitidas todas las partes ofrecidas tanto por el Ministerio Público como por la defensa, incluyendo informes de la ANDE, documentos remitidos por la universidad y declaraciones testimoniales de funcionarios y autoridades académicas.
Entre los testigos ofrecidos por la Fiscalía figuran representantes de la ANDE, funcionarios de la Facultad Politécnica de la UNA y autoridades académicas vinculadas a los registros universitarios. Finalmente, el juzgado dispuso mantener vigentes las medidas alternativas a la prisión preventiva que ya pesaban sobre el acusado y ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de Sentencia para la realización del juicio oral.
