La Juez Rosarito Montanía elevó a juicio oral la causa contra el funcionario de la DINAC, Mario Milciades Mosqueira Matiauda y contra Luis Gilberto Casuriaga Cubilla, chofer que logró ingresar con 58 kg de cocaína al Aeropuerto Silvio Petirossi en un camión distribuidor de agua mineral. La magistrada hizo lugar a los pedidos de cambio de calificación que plantearon los abogados, pero mantuvo la prisión preventiva de ambos.
Los mismos son señalados de ser piezas clave en un esquema de tráfico internacional de drogas que fue frustrado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en febrero de este año. Según la Fiscal Elva Cáceres, los procesados habrían intentado introducir 58,499 kilogramos de cocaína en un vuelo con destino a Madrid, España.
Casuriaga, conductor de un camión identificado con el logotipo de la empresa BEL NATURE, ingresó a la zona de carga del aeropuerto transportando tres cajas de cartón mimetizadas entre bidones de agua mineral. Dos de las cajas, que contenían la droga, fueron depositadas directamente en un contenedor aéreo sin pasar por el escáner de seguridad, en presunta coordinación con funcionarios encargados de los controles en el lugar.
La investigación señala que Arturo Gabriel Amarilla Servín, funcionario del área de seguridad de la DINAC y Ronaldo Andrés Ortiz Villalba, empleado de una empresa de seguridad tercerizada, habrían colaborado para facilitar el ingreso de las cajas contaminadas. Mario Mosqueira, operario de asistencia en tierra, habría cubierto las acciones de Casuriaga al bajar la lona del contenedor que contenía la droga, asegurando su transporte hacia la aeronave.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía incluyen pericias químicas que confirmaron la presencia de cocaína, análisis informáticos de dispositivos incautados, y testimonios de agentes de la SENAD y otros funcionarios del aeropuerto. Además, se ha solicitado el comiso de bienes presuntamente vinculados al esquema delictivo, incluyendo el vehículo utilizado para el transporte de las cajas.
Ambos acusados permanecen en prisión preventiva debido a la gravedad de los cargos, que conllevan penas de hasta 25 años de cárcel, y al riesgo de fuga que implicaría su libertad. El proceso se encamina hacia un juicio oral y público, donde se determinará la culpabilidad de los implicados y su eventual sentencia.
