El juez penal de garantías Marcelo Saldívar elevó a juicio oral la causa contra Arnaldo David Ginés González, acusado por el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos y apropiación.
La acusación, sostenida por el fiscal Francisco Torres, refiere que el procesado se desempeñaba como funcionario de UB S.A., empresa que actúa como corresponsal en Paraguay de More Money Transfers S.A., encargándose de canalizar pagos de giros internacionales a través de agentes pagadores, entre ellos Maxicambios S.A. Como parte de sus funciones, Ginés González elaboraba las planillas con los montos que debían reponerse a los agentes pagadores, cargaba las transferencias en la plataforma de banca electrónica del Banco Continental y solicitaba su autorización a funcionarios habilitados de la empresa. Además, tenía acceso al sistema de remesas y ejercía como oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
Según la hipótesis, entre el 23 de enero de 2023 y el 7 de abril de 2025, el acusado habría aprovechado esas funciones para ejecutar un esquema de desvío de fondos. La investigación sostiene que cargaba dos transferencias para Maxicambios S.A., una por el monto real que correspondía reembolsar por los giros pagados y otra por una diferencia que hacía que el total coincidiera con la planilla confeccionada por él mismo. Esa diferencia era presentada ante la casa de cambios como una operación de compra de dólares supuestamente autorizada por UB S.A., pero posteriormente el procesado retiraba personalmente el equivalente en moneda extranjera, sin conocimiento ni autorización de la empresa.
De acuerdo con la acusación, esta modalidad se repitió en numerosas oportunidades durante más de dos años y habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.445.825.750 a UB S.A. Las presuntas irregularidades fueron detectadas durante el cierre contable del ejercicio 2024, cuando una revisión interna permitió advertir diferencias entre las planillas elaboradas por el acusado, las transferencias bancarias efectuadas y los registros del sistema de remesas internacionales.
En la audiencia preliminar, la defensa pública, ejercida por Cynthia Noguera, solicitó la incorporación de balances de la empresa, actas de asamblea, informes de auditoría interna y externa, documentos remitidos a la SET y a la SEPRELAD, además de una testifical, argumentando que esos elementos respaldan su teoría del caso. Tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva se allanaron al pedido, por lo que el juez admitió dichas pruebas para su producción en el juicio oral.
Al fundamentar su decisión, Saldívar señaló que en la audiencia preliminar no corresponde valorar las pruebas ni determinar la responsabilidad penal del acusado, sino verificar si la acusación reúne los requisitos legales y si existen elementos suficientes para llevar el caso a debate.
