El juez Humberto Otazú envió a juicio oral al exintendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Bernardo Garay Olmedo, acusado por supuesta lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 2.443.432.795 a la comuna del departamento de Itapúa.
Según la acusación, Garay Olmedo habría causado un perjuicio económico al municipio por un total de Gs. 2.443.432.795, mediante la emisión de pagos injustificados, contratos sin respaldo documental y sobrefacturaciones durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) se incluyen obras no concluidas que fueron pagadas en su totalidad, cheques cobrados por terceros sin vinculación con las contrataciones y falta de garantías contractuales.
La Fiscalía sostiene que el acusado, en su calidad de jefe comunal, firmó 13 contratos sin número por más de Gs. 1.877 millones en concepto de obras, muchas de las cuales, según auditorías, no se encuentran terminadas. Además, se detectaron pagos duplicados, anticipo de obras sin avance y la utilización de órdenes de pago a nombre de una persona para emitir cheques a otra, generando una nebulosa en el manejo de los fondos públicos.
La defensa de Garay Olmedo intentó frenar la apertura del juicio mediante incidentes procesales, como la oposición a la acusación y la solicitud de sobreseimiento provisional por supuesta falta de pericias contables y civiles. Sin embargo, el Juzgado Penal de Garantías rechazó estas alegaciones, considerando que las pruebas presentadas por la Fiscalía y la querella adhesiva cumplen con los requisitos legales.
El expediente también detalla que parte del dinero desviado corresponde a pagos a la arquitecta María Laura Bonette, quien negó haber firmado contrato alguno con la Municipalidad, mientras que los cheques a su nombre fueron cobrados por otra persona. El Ministerio Público también acusa al intendente de fraccionar contrataciones para evitar licitaciones y omitir la publicación de contratos, en contravención a las leyes de Contrataciones Públicas.
