El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra la intendente de Valenzuela, Mirtha Fernández y otros acusados por un supuesto perjuicio millonario. Se admitió la acusación fiscal solo por lesión de confianza y se excluyó el hecho de asociación criminal.
El fiscal Néstor Coronel explicó que la acusación de la Fiscalía se basa en una teoría del caso sólidamente construida que será expuesta ante un Tribunal de Sentencia. En ese escenario se prevé la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales que buscan demostrar la existencia de un grave daño al erario municipal.
La funcionaria municipal es investigada por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a Gs. 1.999 millones, en el marco de un proceso que la Fiscalía considera emblemático para la transparencia de la gestión pública. El agente fiscal recordó que Fernández se encontraba con prisión preventiva, medida que se aplicó tras incumplimientos a resoluciones judiciales previas.
Sin embargo, el juez interviniente resolvió sustituirla por arresto domiciliario con una medida cautelar que restringe su presencia en la Municipalidad. La intendente recibió únicamente un permiso especial para acudir por un día a la sede comunal a fin de atender obligaciones administrativas pendientes.
Según los antecedentes de la investigación, el Ministerio Público verificó diez obras públicas que en documentos figuraban como culminadas y entregadas, pero que en la práctica no existían en los lugares declarados. Para esta constatación se realizaron allanamientos, constituciones judiciales y análisis de documentación pública y privada.
“En los papeles estas obras estaban terminadas, pero al momento de verificar en campo se constató su inexistencia física, lo que motivó la imputación y la acusación actual”, sostuvo Coronel. La defensa de Fernández, en cambio, insiste en que las obras sí existen y que podrán probarlo en juicio.
Sobre la imputación inicial de asociación criminal, Coronel precisó que el juez de Garantías decidió excluirla de la acusación principal. Sin embargo, la Fiscalía no descarta apelar esa exclusión tras analizar los fundamentos de la resolución judicial. El fiscal subrayó que, más allá de la calificación jurídica, el objetivo central del Ministerio Público es “demostrar ante el Tribunal de Sentencia la existencia de un daño patrimonial real a la administración municipal” y sentar precedente en materia de control de la función pública.
