El vocero de las víctimas de la denominada Mafia de los Pagarés, Pedro Coronel, denunció públicamente que las víctimas están siendo presionadas por funcionarios judiciales para abandonar la organización que agrupa a los afectados. Según relató en entrevista con PDS Radio, esta estrategia busca obligar a los denunciantes a borrar publicaciones en redes sociales y salirse del grupo, a cambio de que sus embargos sean levantados.
Coronel afirmó que la organización ya corroboró un caso ocurrido en un juzgado de Luque, donde un funcionario habría llamado directamente a una víctima para exigirle que se retire del grupo y elimine toda información relacionada con la mafia de sus redes. Una vez que la persona accedió a esas condiciones, los embargos fueron efectivamente levantados.
“Esto para nosotros es un hecho gravísimo, ilegal y coercitivo. No es más que una forma de chantaje”, expresó Coronel, al tiempo de señalar que la organización emitió un comunicado de repudio y analiza acciones judiciales.
El representante de las víctimas adelantó que solicitarán una auditoría al Juzgado de Paz de Luque, al considerar que existe un conflicto de interés, dado que es la misma magistratura la que dispone los embargos y posteriormente los levanta bajo presión. Asimismo, informó que el próximo martes se manifestarán frente a la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de dialogar con los ministros y exigir mayor control sobre los juzgados señalados.
Coronel explicó que esta modalidad de presión no solo afecta a una víctima, sino que existen varios casos en tratativas. Señaló que algunos embargos ya fueron levantados tras el retiro de las víctimas de la organización, mientras que otros continúan vigentes.
“Es una acción nueva que descubrimos, pero concreta. La mafia busca debilitar la organización de víctimas y silenciarnos. No vamos a retroceder, vamos a seguir denunciando pese al chantaje”, manifestó. Según el vocero, la estrategia de levantar embargos selectivos sobre casos evidentes como pagarés falsificados, prescriptos o ya abonados, busca evitar que las víctimas realicen denuncias penales y se generen procesos que puedan exponer las irregularidades del esquema judicial.
“Lo que pretenden es continuar con su rutina habitual cuando la comisión especial del Congreso termine su mandato. Por eso seleccionan los casos más obvios para presionar a las víctimas”, agregó. Finalmente, Coronel remarcó que, pese al miedo y la presión, las víctimas seguirán organizadas y denunciando porque consideran que esta lucha “es por el bien de cada familia y de la sociedad”.
