Ante la grave situación generada por la desaparición de miles de expedientes judiciales en los Juzgados de Paz, especialmente en el marco del escándalo conocido como la “mafia de los pagarés”, el defensor público José Torres respaldó el proyecto de ley que busca declarar la emergencia judicial por dos años, con el objetivo de permitir la reconstrucción de expedientes perdidos, suspender descuentos indebidos y habilitar mecanismos de saneamiento procesal urgente.
En diálogo con PDS Radio, Torres explicó que la iniciativa nace de la imposibilidad real de acceder a los expedientes físicos, lo que impide ejercer el derecho a la defensa de cientos de personas afectadas por embargos o descuentos automáticos, muchos de ellos sin haber sido notificados ni juzgados adecuadamente. “Estamos ante una emergencia real. Los expedientes no aparecen, hay descuentos en curso sin que las personas puedan defenderse. Eso no puede seguir así”, afirmó el defensor.
Según indicó, existen informes preliminares de la Corte Suprema de Justicia que confirman que miles de expedientes no están en Secretaría y que algunos incluso fueron encontrados en poder de estudios jurídicos privados o empresas de cobranza. En otros casos, los documentos han “reaparecido” luego de que se soliciten suspensiones judiciales, lo que para Torres genera sospechas sobre manejos irregulares.
La propuesta legislativa en discusión, que también cuenta con respaldo en el Senado, establece plazos concretos para ubicar los expedientes (5 a 10 días hábiles) y en caso de no ser hallados, habilita la suspensión inmediata de descuentos o medidas cautelares, además de la aplicación de nulidades de oficio, conforme al art. 113 del Código Procesal Civil. “Lo que queremos es darles a los jueces herramientas claras y tiempos establecidos para que puedan actuar con firmeza, sin temor ni suspicacias”, sostuvo Torres.
Además, la ley contempla un plazo de vigencia de dos años, durante el cual se espera que se saneen todos los casos afectados. En paralelo, la Corte está trabajando en la digitalización completa de los juzgados, lo que, a futuro, evitaría este tipo de situaciones. “La gente está sufriendo injustamente. Muchos están pagando de sus salarios por embargos de causas que ni siquiera pueden revisar”, alertó.
Torres también señaló que algunos jueces ya comenzaron a sintonizar con la gravedad del problema, ordenando suspensiones en casos en los que no se pueden ubicar los expedientes originales. La iniciativa busca no solo proteger derechos fundamentales, como el acceso a la justicia y la defensa en juicio, sino también restaurar la confianza ciudadana en un sistema que ha sido severamente golpeado por escándalos de corrupción y negligencia administrativa.
