La fiscal Zunilda Ocampos logró la condena del empresario brasileño Ismael Galeazzi, representante legal de la firma Fénix Global S.A., por violar disposiciones ambientales relacionadas con la gestión de residuos. La sentencia, dictada por el Tribunal de Sentencia de Alto Paraná, impuso un año de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba por dos años, durante los cuales Galeazzi deberá regularizar el funcionamiento de su empresa.
El caso, que se desarrolló en la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, se centró en la incorrecta disposición de neumáticos inservibles, en contravención del artículo 5, inciso E, de la Ley 716/96 “Que sanciona hechos punibles contra el medio ambiente”, así como de las leyes 294/93 y 5936/09.
Inicialmente, Galeazzi había sido absuelto por otro tribunal. Sin embargo, ante la apelación presentada por la fiscal Ocampos, la Cámara de Apelaciones anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio oral, esta vez por el tribunal presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Emilia Santos y Flavia Lorena Recalde. En el nuevo proceso, la Fiscalía presentó evidencias documentales y testimoniales que convencieron al tribunal sobre la responsabilidad penal del empresario.
Según los antecedentes del caso, el proyecto de reciclaje de neumáticos usados e importación de cubiertas como materia prima fue implementado por Fénix Global S.A. en un predio del Parque Industrial Montecarlo, en Hernandarias. No obstante, Galeazzi incumplió el plan de gestión ambiental aprobado por el MADES, específicamente en lo referente al acopio y tratamiento del material.
Durante un allanamiento autorizado por el juez Nelson Ojeda, una comitiva fiscal-policial verificó que en el establecimiento se trituraban neumáticos sin la debida documentación habilitante. Además, se constató que una gran cantidad de cubiertas usadas estaba almacenada a la intemperie, en un área de aproximadamente dos hectáreas, situación que favorecía la proliferación de mosquitos y alimañas, generando riesgos sanitarios y ambientales.
La empresa tampoco presentó la licencia ambiental ni el proyecto técnico exigido por la ley, lo que derivó en la imputación penal de Galeazzi y, finalmente, en su condena. Durante los dos años de suspensión de la ejecución de la pena, el empresario deberá regularizar completamente la situación ambiental de su planta. De no hacerlo, podría perder los beneficios de la condena condicional y enfrentar prisión efectiva.
