El célebre filósofo y político romano Séneca expresó hace siglos que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, frase que con el transcurrir de los tiempos trascendió dentro del léxico jurídico y se convirtió en la conocida locución “la justicia que tarda no es justicia”. Ambas expresiones caen como anillo al dedo al proceso contra los acusados por el vaciamiento de la empresa Ára de Finanzas S.A, que inició hace casi 7 años y a día de hoy aún no se pudollevar a cabo la audiencia preliminar.
El pasado martes se suspendió una vez más la audiencia preliminar para Carlos Sosa Palmerola y otros acusados por el presunto desvío de más de USD 14 millones de la Financiera Ára S.A, hecho que ocurrió en noviembre del 2014. El Ministerio Público solicitó la suspensión de la diligencia ya que desde hace 3 meses está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de resolver si varias pruebas que presentó la Fiscalía 4 años después de la acusación son válidas o no.
La causa penal inició el 15 de junio del 2015 cuando los fiscales José Dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano imputaron a Carlos Hugo Sosa Palmerola y otros empleados de la financiera Ára S.A por el presunto millonario desvío a través de operaciones irregulares en las sucursales de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. La acusación fiscal se presentó recién en junio del 2017. Desde sus inicios el caso fue muy dilatado, ya que los diferentes abogados de Sosa Palmerola recusaron en sendas ocasiones a los fiscales del caso. Además, en todas las instancias se llegaron a inhibir más de cuarenta magistrados, lo que también propició el estancamiento del expediente.
Respecto a la suspensión, la defensa sostiene que es el Ministerio Público el que está trabando el proceso y que en un momento dado estuvo 5 años en la Corte. «Raramente Carlos Sosa Palmerola está procesado y no así los directores de Ára de Finanzas que debían ser investigados, porque la propia BCP (Baco Central del Paraguay) dice que los responsables del manejo fueron los directores», refirió la abogada Sara Parquet.
La acción de inconstitucionalidad que plantearon los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera, es contra el Auto Interlocutorio N°315, del 18 de octubre del 2021. En dicho fallo un Tribunal de Apelación revocó el A.I N°599 10 de junio del 2021, a través del cual el juez de garantías admitió pruebas claves en la causa cuatro años después de haberse presentado la acusación fiscal.
La Fiscalía sostiene en su recurso que “esta decisión genera agravios al Ministerio Público, pues se trata de un fallo manifiestamente infundado y, por tanto, arbitrario”. En la fecha, el magistrado a cargo de la causa solicitó a la Corte Suprema de Justicia los informes sobre la situación actual de la acción de inconstitucionalidad. Por de pronto, no se podrá realizar la audiencia preliminar en la que se decidirá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa lo imputados por lesión de confianza y otros delitos Carlos Hugo Sosa Palmerola, Gustavo Vera Ávalos, Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Daniel Valdez Chamorro, Francisco Manuel Sarubbi Prieto, Liliana María Franco Yegros, Francisco Apolonio Ortiz Barboza, Arsenio Céspedes Maciel, Ninfa Thomaz Rudis, María Beatriz Gill Ávalos, Hugo Daniel Ortiz Barboza y Ana Beatriz Grzechota.
Sosa Palmerola cuenta con frondosos antecedentes e incluso estuvo en el ojo de la tormenta en Brasil por supuestas conexiones ilícitas desarrolladas en el vecino país. Además, fue investigado por presuntamente formar parte de un sistema de lavado de dinero a través del envío de remesas de millones de dólares a los Estados Unidos vía Brasil. En el 2003, fue indagado por operar con ciudadanos árabes que habrían lavado la suma de 30 millones de dólares.
EL CASO. En la presente causa el Ministerio Público investiga las operaciones que derivaron el millonario desfalco en perjuicio de la Financiera Ára, que según la acusación se produjo el 14 de noviembre del 2014. Carlos Sosa Palmerola, ex asesor financiero de Ára, es señalado como el presunto cabecilla del grupo responsable del desvío de unos USS 14 millones.
El millonario perjuicio contra la entidad financiera se dio, siempre según la teoría de la Fiscalía, a través de 11 cheques percibidos de Cristiano Sassaki Souza. El hombre presentó esos cheques de cuentas corrientes de su esposa Reveca Villalba, quien no era cliente. Los cheques fueron recibidos en concepto de operaciones de cambio, pero en realidad fueron transacciones de créditos, resalta el documento acusatorio.
