El senador Erico Galeano presentó, a través de su defensa técnica, un recurso de apelación especial contra la sentencia que lo condenó a 13 años de prisión por hechos vinculados al narcotráfico y asociación criminal. El planteamiento fue dirigido al Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que dictó la resolución, con el objetivo de que el caso sea elevado a la Cámara de Apelaciones para su revisión.
El escrito, firmado por los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Fernando Almada, solicita la nulidad o, en su defecto, la revocatoria de la sentencia definitiva dictada el 04 de marzo del 2026. La defensa sostiene que el fallo incurre en errores de valoración probatoria y en una interpretación indebida de los hechos y del derecho aplicable.
Entre los principales argumentos, se señala que la condena se basó en inferencias y no en pruebas directas que acrediten el conocimiento o la participación dolosa del acusado en las actividades ilícitas atribuidas. En ese sentido, se cuestiona que el tribunal haya dado por probado el elemento subjetivo del tipo penal sin respaldo probatorio concreto.
La defensa también objeta la calificación de “apoyo logístico” a partir de la utilización de una aeronave vinculada al acusado, indicando que no se demostró que dicha provisión haya tenido la finalidad de favorecer a una organización criminal. Asimismo, se plantea que solo se comprobó un vuelo, mientras que otros movimientos aéreos carecen de consistencia en los registros oficiales.
Otro de los ejes del recurso apunta a la supuesta errónea interpretación de una operación de compraventa de un inmueble, que fue considerada por el tribunal como un beneficio económico derivado de actividades ilícitas. Según la defensa, no se acreditó que el acusado tuviera conocimiento del origen ilegal de los fondos utilizados en la transacción.
El escrito también cuestiona la valoración de las declaraciones testificales, en particular de pilotos y sostiene que el tribunal no analizó adecuadamente elementos que, a criterio de la defensa, desvirtúan la hipótesis acusatoria. En términos generales, la apelación argumenta que la sentencia presenta un “vicio estructural” al sustituir la prueba por construcciones inferenciales, lo que, según la defensa, vulnera principios fundamentales del proceso penal, como la sana crítica y el principio de duda a favor del acusado.
El Tribunal de Apelaciones deberá ahora analizar los agravios planteados y determinar si corresponde confirmar, modificar o anular la condena impuesta en primera instancia.
