Tras el reciente asesinato de un repartidor en el barrio San Francisco de Asunción, presuntamente cometido por un adolescente de 16 años, volvió a plantearse el debate sobre si deberían endurecerse las sanciones aplicadas a menores de edad. Sin embargo, el abogado Raúl Bogarín, especialista en Derecho Penal Adolescente, considera que en Paraguay ni siquiera resulta necesario discutir un eventual incremento de penas.
Bogarín, docente en la Facultad de Derecho de la UNA, señaló que reducir la edad de imputabilidad también constituiría un retroceso significativo, especialmente considerando el esfuerzo que implicó la implementación de una justicia especializada en el país. Según estadísticas, la criminalidad juvenil presenta una baja incidencia en delitos de gravedad, predominando hechos de tipo patrimonial y de menor relevancia, aseguró.
A su criterio, es fundamental considerar las realidades sociales del país y que el Estado asuma tanto su rol como su responsabilidad. “Si ante la ausencia de políticas públicas optamos por criminalizar y aplicar una política represiva, estaríamos repitiendo errores del pasado”, advirtió.
El especialista subrayó que Paraguay mantiene compromisos internacionales que le exigen adoptar un enfoque de protección integral hacia los adolescentes en conflicto con la ley, diferenciándolos del tratamiento aplicable a los adultos.
“En ese marco, las sanciones cambian de función y de propósito, por eso se denominan medidas. Se busca garantizar una protección especial al adolescente, a diferencia de las penas tradicionales orientadas a la defensa de la sociedad”, explicó.
Añadió que debido a la edad y el proceso de formación personal, el Estado debe abordar de forma distinta la protección de los menores que infringen la ley. A diferencia del sistema penal común que protege a la comunidad, en el caso de menores se prioriza su resguardo y reintegración.
Según comentó, la diferencia en cuanto a la duración de las sanciones está justificada, ya que el Estado no puede castigar dos veces a un adolescente por su propia inacción. Subrayó que es responsabilidad estatal reincorporarlo como un ciudadano útil, mediante la reeducación vinculada a las causas del delito cometido.
Insistió en que la sociedad debe comprender que la reducción de penas no es una idea caprichosa, sino el resultado de un enfoque integral con fundamentos sólidos.
“La explicación no parte únicamente del derecho penal. Aquí intervienen diversas disciplinas como la criminología, la sociología, el derecho penal convencional y la doctrina de protección integral basada en el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. No es algo que se nos ocurrió sin base”, afirmó.
