El Ministerio Público, a través del fiscal Silvio Corbeta, avanza en la investigación que involucra a la esposa y a la madre del diputado Esteban Samaniego, junto con otros doce acusados, en un proceso por presunta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero en perjuicio de la Municipalidad de Quyquyhó.
La audiencia preliminar fue agendada para los días 17, 18 y 19 de septiembre, instancia en la que el juez Humberto Otazú deberá resolver sobre la admisibilidad de la acusación fiscal. Paralelamente, Corbeta solicitó reiterar a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de Samaniego, a fin de que pueda ser investigado formalmente por hechos ocurridos durante su gestión como intendente. No obstante, la Cámara Baja ha rechazado en repetidas ocasiones dicho pedido, blindando al parlamentario.
Según la investigación del Ministerio Público, entre los años 2017 y 2018 el entonces intendente Samaniego, junto con su esposa Patricia Corvalán (actual intendente), habrían desviado un total de Gs. 1.108.599.918 de recursos municipales. El dinero, de acuerdo con el Ministerio Público, fue destinado a la adquisición de bienes raíces y a la construcción de una lujosa vivienda de dos plantas y 306 m², ubicada en el barrio San Vicente de Asunción.
La residencia, valuada en una suma millonaria, fue levantada dentro de un terreno perteneciente a Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del diputado y suegra de la intendente. La mujer también figura como procesada en la causa, lo que eleva el número de imputados directos en la trama de presunto desvío.
El caso ha generado gran repercusión, dado que se trata de un esquema que habría despojado a la Municipalidad de Quyquyhó de fondos esenciales para obras y servicios públicos. Para la Fiscalía, se configura un esquema de corrupción que responde a un patrón de desvío sistemático de recursos en beneficio de un círculo familiar.
Organizaciones civiles y referentes locales han pedido que la Justicia actúe con firmeza y sin privilegios políticos, subrayando que el blindaje parlamentario no puede ser un obstáculo para la rendición de cuentas. La expectativa ahora se centra en la audiencia preliminar, considerada clave para determinar si la causa avanza a juicio oral y público.
El diputado Samaniego, por su parte, continúa ejerciendo su banca en el Congreso pese a los cuestionamientos, amparado en la decisión política de sus colegas de rechazar el desafuero solicitado por el Ministerio Público, en un caso de corrupción en el manejo de fondos públicos, salpicando así la causa judicial con un tinte político, que deja entrever un posible blanqueamiento al parlamentario por parte de su bancada,
