El Tribunal de Sentencia dispuso la remisión al Ministerio Público de los antecedentes de los estudiantes Victorina Elizeche y Ever Rogelio Ortiz; del excoordinador de la Universidad Sudamericana Aurelio Pastor Marecos, y del docente Mario Antúnez para el inicio de una causa penal por supuestamente haber declarado falsamente.
Durante el cierre de sus alegatos, la Fiscalía solicitó que el Tribunal envíe los antecedentes por supuesto testimonio falso en cuanto a los estudiantes bajo las siguientes sospechas:
Victorina Elizeche declaró en carácter de estudiante de la carrera de Derecho en la filial de Ciudad del Este periodo (2010-2015) y afirmó que jamás conversó con Rivas pero que lo veía en el aula y escuchaba su nombre cuando los profesores llamaban lista.
Inicialmente que asistía a clases de lunes a viernes, pero al ser consultada por el Tribunal y la Fiscalía modificó su versión y señaló que asistía dos días a la semana, los lunes y miércoles.
A medida que avanzaba el interrogatorio caía en contradicciones. Primero ubicó la materia Derecho Constitucional en el quinto año de la carrera, mientras que en la documentación académica atribuida a Rivas figura en el séptimo semestre (tercer año y medio). Además mencionó materias como Derecho Mercantil, que no forma parte del plan de estudios y atribuyó a Mario Antúnez la enseñanza de asignaturas distintas.
Al principio de su relato afirmó haber visto a Rivas desde 2010, pero luego admitió que en 2010 no lo vio y que recién lo habría visto en 2011, sin poder precisar en qué materia o examen coincidieron.
También cayó en algunas lagunas mentales pues manifestó que su trabajo final de grado versó sobre «robo agravado», pero al ser interrogada no pudo recordar el objetivo general ni las conclusiones de su tesina. También Admitió haber enfrentado un proceso judicial por estafa en San Lorenzo entre 2011 y 2012 con medidas cautelares de comparecencia periódica, lo que ponía en duda su presencia y cursado regular presencial en Ciudad del Este durante ese mismo lapso.
Éver Rogelio Ortiz declaró también como exalumno de la filial de CDE (2009 y 2015); se describió a sí mismo como «irregular» pues faltaba con frecuencia debido a sus actividades comerciales. Afirmó recordar el rostro de Rivas en el aula, mencionando incluso haberlo identificado por sus orejas, que las tenía tan llamativas como él, pero reconoció que su convicción de que habían sido compañeros se consolidó años después durante un encuentro político antes de la pandemia en la casa de un conocido, donde conversaron sobre haber estudiado supuestamente en la misma sede.
De igual manera cayó en contradicciones al ser interrogado por el Tribunal y la Fiscalía, pues a pesar de afirmar que recordaba el rostro de Rivas, no pudo señalar una sola materia, examen o profesor en el que hubiera coincidido con el exsenador.
A diferencia de la testigo Victorina Eliseche, Ortiz admitió no haber escuchado nunca el nombre de Hernán Rivas en los llamados de lista. Otro elemento destacado de su relato fue que mientras afirmaba estar cursando el tramo final de la carrera en Ciudad del Este en 2015, se probó que el 25 de marzo de 2015 rindió el examen de admisión para la carrera de Ingeniería en la UNA en San Lorenzo.
Asimismo, al admitir que casi no asistía a clases por su trabajo, carecía de base objetiva para atestiguar la presencia regular de un tercero de acuerdo a la Fiscalía. También se expresó con dudas sobre la ubicación exacta de la facultad, oscilando entre escuelas como Santo Domingo o Domingo Sabio y respecto a su propia tesina, que versó sobre la extradición), afirmó haberla presentado en Luque en un mes, sin tutor ni defensa oral.
Mario Antunez se presentó como docente de la Universidad Sudamericana en la filial de Ciudad del Este entre 2009 y los primeros meses de 2014. Afirmó recordar a Hernán Rivas en un examen de la asignatura Derecho Constitucional porque el acusado se sentaba al fondo, hablaba poco y se generó un debate sobre el blindaje del estado de inocencia.
En principio ubicó el examen en los primeros meses de 2014, pero al ser interrogado cayó dudas e imprecisiones. También relacionó a Rivas con la materia Procesal Penal en diciembre de 2014, época en la que el propio Antúnez ya no ejercía la docencia en la institución. A esto se suma que además, afirmó que le ofrecieron enseñar Derecho Mercantil, asignatura inexistente en el certificado de estudios del acusado.
En cuanto a la modalidad de evaluación, comentó que el examen de Derecho Constitucional rendido por Rivas fue oral, lo que entró en directa contradicción con el testimonio de Victorina Elizeche, quien afirmó que dicha evaluación fue escrita.
En otro momento afirmó que solía recordar a los alumnos participativos o debatientes, lo cual resulta incompatible con haber recordado a Rivas caracterizándolo como un estudiante callado de las últimas filas y además admitió padecer problemas de memoria a causa de enfermedades.
Uno de los aspectos más llamativos fue que no figuraba registrado en ninguna nómina oficial ni archivo de la universidad como funcionario o docente
Cierra la lista Aurelio Pastor Marecos, quien se presentó como coordinador y enlace entre la Universidad Sudamericana y los alumnos entre 2010 y 2014, manifestando que tenía como funciones el traslado de exámenes, planillas y documentos entre la sede central de Luque y las filiales.
Afirmó haber visto personalmente al acusado en reiteradas oportunidades en la sede de Ciudad del Este durante sus viajes de gestión aunque llamó la atención de la Fiscalía y el Tribunal la precisión con la que afirmó que veía a Rivas en cada uno de sus viajes, incluso describiendo su vestimenta con camisa y jeans, tipo sport elegante, pero cayó en confusión al ser interrogado sobre el contenido académico, pues no pudo precisar materias, exámenes, fechas ni dinámicas de evaluación.
Testificó también haber visto a Rivas rindiendo asignaturas como Derecho Administrativo y Derecho Tributario en el año 2010, sin embargo, en el certificado de estudios del acusado, dichas materias figuran cursadas y evaluadas en semestres muy posteriores, generando una contradicción objetiva con la secuencia oficial.
A pesar de describirse como coordinador institucional, lo que le permitía tener ese contacto con los alumnos, los informes del Ministerio de Trabajo, del IPS y la nómina de la propia universidad confirmaron que no figuraba registrado en ningún archivo oficial como empleado o funcionario de la institución.
El colegiado desestimó el pedido de remisión con relación a Hermann Weinsensee y Nancy Barúa al no advertir elementos suficientes que justifiquen dicha medida.
