Con relación a la denuncia por exacción presentada contra el Defensor del Pueblo Miguel Godoy, la abogada Diana Vargas mencionó que aún están aguardando a que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes.
Agregó que el Defensor Miguel Godoy presentó una denuncia penal en su contra por supuesta denuncia falsa, adelantándose así a la situación procesal, ya que eso correspondería recién una vez que la denuncia realizada por la abogada sea desestimada.
Con relación a un episodio en el cual Godoy actuó de manera prepotente golpeando y pateando puertas, vociferando por los pasillos del Poder Judicial debido a que una Jueza ordenó la reposición de un funcionario en la Defensoría del Pueblo, manifestó que un aspecto muy importante que debe ser tenido en cuenta es que la conducta violenta y reacciones iracundas las tiene sobre todo con las mujeres
“Evidentemente este es un defensor del pueblo que la clase política elige tener. En aquella vez fue por el reintegro de una antigua funcionaria, gran defensora de los derechos humanos. Hay que decir que otra de sus prácticas nefastas es el despido de funcionarios que gozan de la estabilidad” comentó la abogada.
Asegura que uno de los motivos que alienta este tipo de reacciones es la impunidad que le es concedida, no solo a Godoy sino a otros hechos que se pueden ver en el día a día que tienen que ver con el mensaje de impunidad que permanentemente se deja pasar.
Agregó también que, en una oportunidad, el Defensor del Pueblo se ofreció a darle clases a guardias privados en Ciudad del Este para disciplinar a niños sin dejar marcas, jactándose de ser un experto en artes marciales.
“El problema es la absoluta indolencia de quienes fueron parte de su designación, colorados y liberales, en un pacto que debería darles vergüenza, porque realmente este señor se convirtió en más bien en el “opresor del pueblo” aseguró la abogada.
Explicó que el hecho punible por el cual ella denunció a Godoy es por exacción, lo que se da cuando un funcionario cobra una taza, impuesto o contribución no debida, por el cobro de una contribución de cinco jornales a objetores de conciencia, quienes no tenían la obligación legal de pagar esa suma de dinero.
