Luego de tres suspensiones, la ex jueza en lo Civil y Comercial Tania Irún se presentó finalmente esta mañana ante la fiscal Natalia Fuster para su declaración indagatoria por su imputación por prevaricato relacionado a la firma de una sentencia por la cual otorgaba más de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco a empresas de maletín sin tener en consideración lo establecido en la ley de Seguridad Fronteriza, que obliga a que las Sociedades Anónimas dueñas de propiedades del área de seguridad sean nominativas y no endosables.
En representación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, el abogado Osvaldo Bittar mencionó que sostienen que la ex magistrada Tania Irún cometió prevaricato ya que existe una ley de seguridad fronteriza, la Ley 2532, que establece que las sociedades anónimas que no tienen acciones nominativas y no endosables no pueden ser propietarias de tierras que se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza.
Aseguró que Irún, ordenó la transferencia de 312.000 hectáreas y el 95% de ellas se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza, por lo que, violentando esa norma legal vigente en la República del Paraguay, comete el hecho punible de prevaricato, ya que no libró los oficios necesarios a los efectos de garantizar no solamente a las partes, sino también al Estado, de que las acciones de estas sociedades no corresponden a ciudadanos de los países limítrofes.
“Directamente se limitó a decir que son sociedades de Chipre y de Islas Vírgenes y con esto otorga la transferencia de las 312.000 hectáreas Sin embargo al ser estas sociedades, sociedades anónimas con acciones al portador y endosable, se transmite con el simple traspaso” decía el abogado Bittar.
Dijo que la ex jueza Irún no corroboró que los accionistas de estas empresas no sean brasileros, y lo más grave es que la ley expresamente dice que las acciones no pueden ser al portador. Recalcó que ella debió verificar esto y no lo hizo. Afirmó que materializó el hecho punible con el dictamen de su resolución.
Por su parte, el abogado Rodrigo González Planás, defensor de la ex jueza Tania Irún dijo que no hubo prevaricato ya que hasta la fecha no se ha probado que haya un accionista de los países limítrofes.
“No hay ni siquiera una alegación de la existencia de esta persona” mencionó el abogado.
