El Ministerio Público formuló imputación contra el exdiputado nacional y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo y contra Guido Díaz Domínguez, asesor comercial y gestor de créditos, por la supuesta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones públicas.
Además de ello, el Ministerio Público también presentó imputación contra las exjuezas Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez. Esta serie de investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción pública iniciaron a partir del análisis de comunicaciones extraídas del teléfono celular del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, en causas que involucran a exautoridades del Poder Judicial, del JEM y a intermediarios privados.
La imputación fue presentada el 15 de diciembre por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez Rivas y Luis Piñanez, integrantes del equipo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 07, conformado por resolución de la Fiscalía General del Estado.
Según el acta, la causa se originó a partir de información remitida por el juez penal Osmar Legal, quien comunicó la existencia de conversaciones extraídas del teléfono celular del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de otra investigación penal. Dicha extracción fue autorizada judicialmente y permitió identificar intercambios de mensajes a través de la aplicación WhatsApp entre Gomes y varios funcionarios públicos, entre ellos Orlando Arévalo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos principales se habrían producido en septiembre del año 2023, cuando Arévalo, en su carácter de presidente del JEM, habría solicitado a Eulalio Gomes el endoso de tres cheques por un valor total de Gs. 202 millones, que serían utilizados como garantía para acceder a un crédito. Esta solicitud, según sostiene la Fiscalía, se habría realizado como contraprestación por la intervención de Arévalo en favor de una persona que se encontraba sometida a un proceso de enjuiciamiento ante el Jurado.
La investigación señala que Gomes habría aceptado el pedido y que, para concretar la operación financiera, se recurrió a la intermediación de Guido Díaz, quien se desempeñaba como asesor comercial y gestor de operaciones crediticias. Los mensajes analizados indicarían que Díaz facilitó la operación, gestionó el crédito y confirmó la finalización del trámite, con conocimiento de la supuesta contraprestación indebida vinculada a decisiones que debían ser adoptadas en el JEM.
La cronología expuesta por el Ministerio Público incluye el intercambio de fotografías de los cheques, la confirmación del endoso, la acreditación del dinero en la cuenta de Arévalo y posteriores gestiones relacionadas con procesos disciplinarios que involucraban a fiscales sometidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entre ellos figura el caso de la fiscal Stella Mary Cano, cuyo enjuiciamiento fue finalmente resuelto con una sanción de apercibimiento en agosto de 2024.
El acta también menciona otros contactos entre Eulalio Gomes y Orlando Arévalo vinculados a fiscales que enfrentaban investigaciones ante el JEM, como Katia Uemura, si bien en esos casos la Fiscalía aclara que no se constató una contraprestación económica concreta, aunque sí se advierte un patrón reiterado de solicitudes de intervención.
En cuanto a la calificación jurídica, el Ministerio Público atribuye a Arévalo la condición de autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado, al considerar que, siendo funcionario público, habría solicitado y aceptado un beneficio a cambio de una decisión futura que lesionaría sus deberes funcionales. A Guido Díaz se le atribuye la participación como cómplice, por su colaboración activa en la obtención del beneficio económico.
Respecto a las exmagistradas, de acuerdo con el acta de imputación correspondiente, Carmen Silva, exjuez penal de sentencia de Amambay, fue imputada por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, mientras que Ana Aguirre, también exjuez de sentencia, fue imputada por cohecho pasivo agravado y prevaricato.
La Fiscalía sostiene que, entre los años 2020 y 2022, ambas magistradas habrían solicitado la intermediación de Eulalio Gomes para obtener apoyo político ante el JEM a cambio de favorecer a personas procesadas en causas penales que se encontraban bajo su conocimiento. Entre los expedientes mencionados figuran procesos de alto impacto tramitados en la circunscripción judicial de Amambay.
En el caso de Carmen Silva, además, se le atribuye haber alertado anticipadamente sobre allanamientos realizados en el mes de noviembre del año 2023 en el marco del Operativo Pavo Real, lo que, según la imputación, habría tenido por finalidad obstaculizar la acción penal y afectar el curso de la investigación. Las imputaciones se sustentan principalmente en mensajes de WhatsApp, documentos judiciales, resoluciones dictadas en los procesos analizados, informes de entidades públicas y diligencias de investigación, incluyendo allanamientos y extracción de datos de dispositivos electrónicos.
En ambas causas, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos la notificación formal de las imputaciones, la concesión de un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, tales como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, prohibición de salida del país y cauciones personales o reales.
Las investigaciones continúan en etapa preparatoria, con diligencias pendientes y la posibilidad de nuevas imputaciones, en el marco de un esquema que la Fiscalía considera indicativo de presuntas prácticas sistemáticas de influencia indebida en decisiones judiciales y disciplinarias.
