El juez Yoan Paul López elevó a juicio oral y público la causa contra Blanca Gladis Amarilla de Alderete, acusada por los supuestos hechos punibles de usurpación de funciones públicas y estafa. La acusada, pese a estar apartada del cargo por la Corte Suprema de Justicia, se habría hecho pasar como escribana activa e inducido a error a la víctima.
La acusada, de 72 años, afrontará juicio por presuntamente haberse presentado como escribana pública habilitada, pese a que años antes había sido separada de sus funciones notariales por disposición de la Corte Suprema de Justicia. La víctima del caso es Mario Bobadilla Cataldi, quien denunció haber sufrido un perjuicio patrimonial de G. 25.960.000 en el marco de una operación de compraventa de un inmueble ubicado en la ciudad de Itá.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se iniciaron en los primeros días de junio de 2021, cuando una mujer identificada como Gladys Brítez, conocida por el denunciante como vendedora de automóviles, se presentó en el domicilio de Bobadilla Cataldi para ofrecerle un inmueble de aproximadamente tres hectáreas. La propiedad, según le indicó, estaba ubicada en la ciudad de Itá y tendría un precio de venta de G. 130.000.000.
La oferta habría resultado atractiva para Bobadilla, debido a que se dedica al rubro inmobiliario, específicamente al fraccionamiento y posterior venta de inmuebles. Días después, la intermediaria lo llevó hasta el domicilio de Rubén Darío Zorrilla, señalado como supuesto propietario y vendedor del terreno, ubicado en la ciudad de J. Augusto Saldívar.
Según el relato fiscal, Zorrilla ofreció en venta un inmueble individualizado como Finca N° 5021, Padrón N° 1.610, con una superficie de dos hectáreas, seis mil doscientos noventa y ocho metros cuadrados, ubicado en la compañía Oculto de la ciudad de Itá. El hombre habría manifestado que la propiedad le pertenecía y ambos acordaron avanzar con la compraventa por el monto de G. 130 millones.
Bobadilla solicitó que los trámites de transferencia, tanto el contrato privado como la escritura pública, fueran realizados por un escribano de su confianza. Sin embargo, conforme a la acusación, Zorrilla le habría indicado que la operación solo podía concretarse en una escribanía determinada, debido a que supuestamente allí obraban los documentos del terreno y porque se trataba de su escribanía de confianza.
El Ministerio Público sostiene que, ante la insistencia de Zorrilla y de la intermediaria para cerrar la operación ese mismo día, bajo el argumento de que existían otros interesados en la propiedad, Bobadilla aceptó realizar los trámites en la escribanía indicada. El encuentro habría ocurrido un sábado por la tarde.
En ese contexto, se firmó un contrato privado de compromiso de compraventa ante Blanca Gladis Amarilla de Alderete, quien se habría presentado como escribana y notaria pública con asiento registral en R.I. 2 Ytororó N° 1129 casi Facundo Machain, de la ciudad de Asunción. En ese acto, Bobadilla entregó a Zorrilla la suma de G. 20.000.000 en concepto de seña de trato y parte de pago.
Además, el denunciante abonó G. 4.960.000 a Amarilla de Alderete en concepto de honorarios profesionales, bajo la expectativa de que la misma quedaría a cargo de los trámites de escrituración. Dos días después, el 7 de julio de 2021, a insistencia de Zorrilla, Bobadilla habría entregado otro adelanto de G. 1.000.000, por el cual se firmó un recibo.
La acusación refiere que el saldo restante debía abonarse al momento de la firma de la escritura pública y en tres cuotas finales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la transferencia del inmueble no se concretó.
Según la Fiscalía, Amarilla de Alderete indicó posteriormente al denunciante que ya había iniciado los trámites registrales, incluyendo certificados de condición de dominio y de anotaciones personales. También le habría manifestado que dichos certificados presentaban reiteradas observaciones ante la Dirección Nacional de Catastro, motivo por el cual se demoraba la firma de la escritura pública.
Ante la excesiva demora, Bobadilla realizó averiguaciones sobre el inmueble y habría constatado que la Finca N° 5021, Padrón N° 1.610, que supuestamente pertenecía a Rubén Darío Zorrilla, figuraba a nombre de otra persona. Esta situación llevó al denunciante a indagar también sobre la situación de Amarilla de Alderete.
De acuerdo con el acta de acusación, Bobadilla descubrió entonces que la mujer no estaba habilitada como escribana ni notaria pública para ejercer la profesión. La Fiscalía incorporó como elemento relevante un informe de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, identificado como Nota N.S. N° 4596, en el que se constata que mediante Resolución N° 1026, de fecha 20 de febrero de 2017, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió separar de sus funciones notariales a Blanca Gladys Amarilla Alderete, titular del Registro Notarial N° 222 con asiento en la ciudad de Luque, y declarar vacante dicho registro.
Para el Ministerio Público, pese a esa separación, Amarilla de Alderete habría asumido frente a Bobadilla la función de escribana pública sin autorización, cobrando honorarios por G. 4.960.000. Esta situación, según la acusación, no solo permitió aparentar la legalidad de la operación, sino que también habría contribuido a acrecentar el perjuicio patrimonial sufrido por la víctima.
La Fiscalía sostiene que la acusada obtuvo un beneficio patrimonial indebido mediante la declaración falsa de que era escribana pública habilitada, induciendo, en conjunto con Rubén Darío Zorrilla, a que Bobadilla dispusiera de parte de su patrimonio. El perjuicio total atribuido en la causa asciende a G. 25.960.000.
El juzgado calificó provisoriamente los hechos como usurpación de funciones públicas y estafa, previstos en los artículos 241 y 187 inciso 1° del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 inciso 1° del mismo cuerpo legal, en calidad de autora.
