Nelson López, abogado de Miguel Ángel Servín, procesado de tráfico internacional de drogas, quien sería socio de Cristian Turrini, solicitó a la jueza Penal de Garantías Rosarito Montanía y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), en qué condiciones se encuentra la casa del encausado, donde vivía anteriormente su esposa Liz Katherine Leilla, ubicada en las inmediaciones del Departamento de Identificaciones, ya que el Ministerio Público se hizo del inmueble, por lo que la mujer con sus hijas, también procesadas están viviendo en un alquiler, cumpliendo arresto domiciliario.
López mencionó que hace 15 días que también tomó la defensa de la exesposa de Servín y ya realizó el pedido correspondiente de disponer de la casa de la familia, ya que aún no fue objeto de comiso.
“El Ministerio Público la despojó de su casa cuando ella estaba preventivamente privada de su libertad y tiene que alquilar una vivienda para poder cumplir su arresto domiciliario lo que nos parece injusto teniendo ella una casa propia” mencionó el abogado.
Explicó que si bien es cierto que el Ministerio Público tiene la sospecha de que la misma formó parte del hecho punible del lavado de activos, también es cierto que el art. 109 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y que solamente puede ser objeto de privación con una sentencia firme y ejecutoriada, dictada en el marco de un juicio llevado adelante mediante el debido proceso.
“De eso estamos muy lejos, nosotros todavía ni siquiera llegamos a una audiencia preliminar y ni siquiera hay una acusación. Lo peor de todo es que el Ministerio Público se apropió, ya que una de sus dependencias, la sede antinarcóticos, funciona en ese lugar” aseguró.
Afirmó que es muy difícil litigar en estas circunstancias debido a que no existe igualdad ya que están tratando de condenar a mi cliente de cualquier manera ya que el Ministerio Público ya está instalado en la vivienda de la misma, apropiándose de un inmueble que le pertenece a su cliente. Es por ello que solicitaron un informe a la SENABICO como al mismo Ministerio Público para que informen en qué condiciones ellos se instalaron en ese lugar.
“Es injusto que, aparte de quitarle toda posibilidad laboral y tener una hija menor de edad, obligarle a hacer lo que no se debe hacer para poder subsistir. Desde el propio Estado se da esa paradoja de tener que obligarle a una persona a abandonar su casa” agregó.
