El exfiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, imputado por supuesto cohecho pasivo agravado, tiene prohibido comunicarse por cualquier medio con funcionarios de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada, dependencia en la que prestaba funciones. La restricción también alcanza a la denunciante y víctima del hecho y forma parte de las medidas alternativas a la prisión preventiva otorgadas por el juez Rodrigo Estigarribia.
Además de la prohibición de comunicación con la denunciante y los funcionarios de la Fiscalía de Emboscada, Elizaur Aguirre deberá darse por notificado de las audiencias y citaciones, comunicar previamente cualquier cambio de domicilio o número de celular e informar al Juzgado sus salidas y entradas al país. El incumplimiento de las reglas puede derivar en la revocación de las medidas.
La agente fiscal Yeimy Adle en principio había requerido la aplicación de prisión preventiva. Durante la audiencia, la defensa del exfiscal, ejercida por el abogado Raúl Roberto Páez Escobar, se allanó al pedido de aplicación de medidas alternativas y ofreció como caución real un inmueble ubicado en Ciudad del Este. La propiedad cuenta con una tasación de G. 646.962.500.
Al fundamentar su decisión, el juez Estigarribia señaló que existen elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para sostener la existencia del hecho investigado y la eventual vinculación del imputado. Sin embargo, consideró que ello no implica automáticamente que corresponda disponer su prisión preventiva.
Sobre el peligro de obstrucción, concluyó que no existen circunstancias objetivas que permitan sostener que la permanencia del imputado en libertad pueda comprometer la obtención o conservación de las pruebas. Tampoco se individualizaron diligencias concretas que requieran su privación de libertad ni un riesgo real de alteración, ocultamiento o destrucción de elementos probatorios.
Respecto al peligro de fuga, el Juzgado tuvo en cuenta el arraigo invocado por la defensa, la comparecencia del exfiscal a la audiencia y el ofrecimiento de una caución real. Con estos elementos, entendió que el eventual riesgo podía ser neutralizado mediante medidas menos gravosas.
El Juzgado además dispuso el embargo preventivo hasta cubrir G. 600 millones sobre el inmueble ofrecido como caución. La propiedad pertenece a Digno Rubén Aguirre García y la vigencia de las medidas queda sujeta además al resultado del informe de la Dirección General de los Registros Públicos.
Elizaur Aguirre está investigado junto con la auxiliar fiscal Lilian Florenciano, de la misma unidad fiscal, tras un procedimiento de entrega vigilada de G. 7 millones, realizado el 13 de octubre de 2025.
Según la imputación, el dinero habría sido entregado a cambio de que el entonces fiscal solicitara la suspensión condicional del procedimiento para Mauricio Méndez, procesado por supuesta lesión grave.
