La Municipalidad de Puerto Casado se encuentra ante una parálisis financiera en medio de una situación de emergencia por las inundaciones en el Chaco paraguayo. El conflicto inició tras la suspensión del exintendente Hilario Adorno y la posterior designación del presidente de la Junta Municipal, Domingo Vera, como interino.
El exintendente, procesado por supuesta lesión de confianza y otros hechos de corrupción pública durante su gestión, recurrió la decisión del TSJE mediante una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dicho recurso aún no fue admitido formalmente, lo que, según el intendente interino, implica que legalmente no tiene efecto alguno.
Pese a ello, el Banco Nacional de Fomento (BNF) continúa reconociendo a Hilario Adorno como firmante autorizado de las cuentas municipales, basándose en una interpretación del Código Procesal Civil que, según su asesoría jurídica, otorga efectos suspensivos a la acción planteada. Esta interpretación, cuestionada por autoridades locales, ha dejado sin recursos operativos a la administración interina.
Recordemos que la Contraloría General de la República (CGR) ya había advertido sobre un faltante de Gs 8.800 millones durante los 18 meses de gestión de Adorno, donde se detectaron cheques sin fondos, pagos irregulares y adelantos salariales realizados por el propio intendente a sí mismo.
Ahora, la falta de acceso a fondos municipales se da en un momento crítico debido a que las inundaciones afectan a comunidades enteras en el Chaco y la imposibilidad de ejecutar recursos ha provocado que centenares de pobladores se trasladen hasta la capital del país para exigir una solución urgente. Los manifestantes denuncian que el BNF y las autoridades judiciales están permitiendo que un intendente separado por irregularidades siga administrando el dinero público, mientras la ciudad enfrenta una crisis humanitaria.
El intendente interino, Domingo Vera, reiteró su pedido a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la admisión (o no) del recurso presentado por Adorno y al fiscal general del Estado para que impulse la reactivación de las causas penales. “No podemos seguir gobernando sin herramientas. Puerto Casado necesita respuestas, no excusas legales”, sentenció.
