En la acusación presentada en el marco de la trama de la mafia de los pagarés, se menciona que la exjueza Liliana González de Bristot supuestamente instruía a los ujieres a entregarle, de manera semanal, el 30% de todo lo que percibían de los abogados demandantes, en concepto de pago por la cobertura de gastos de cédulas de notificación.
La información surge de la declaración del ujier Líder Rodrigo Benegas, quien refirió que dicha situación se dio desde su ingreso al Juzgado de Paz de San Roque, en el año 2021. Señaló que, a principios de 2021 y durante 2022, recibía semanalmente entre 10 y 20 millones de guaraníes, suma que fue aumentando hasta llegar a aproximadamente 30 millones de guaraníes semanales (ya en 2023 y 2024), producto de los informes en los que se proveían las cédulas confeccionadas.
Puntualizó que el pago por cada lote de cédulas correspondía a un monto mucho menor que el establecido en la acordada, pero los montos resultaban igualmente elevados debido a que cada lote representaba una cantidad muy grande de notificaciones, que oscilaban entre 300 y 500 cédulas “voladoras”.
