El exministro de la Niñez y la Adolescencia, José Orue Rolandi, quien fue condenado por el hecho punible de lesión de confianza a 4 años de pena privativa de libertad y que fue confirmada por el Tribunal de Apelación en marzo de este año, refirió que la Sala Penal debe estudiar su causa, atendiendo a que él mismo planteó un recurso extraordinario de casación contra su sentencia, esperando a que se revoque el fallo y el mismo pueda demostrar su inocencia.
En ese sentido, el mismo insistió en que no hubo sobrecosto ni sobrefacturación durante su gestión en la adquisición de alimentos para niños, explicó que la fiscalía acusó en marco de la licitación una licitación que en principio era de G 29.000 millones y que finalmente se redujo a G 26.000 millones el monto de la licitación y que eso repercutió en un daño G 3.000 millones menos para la compra de alimentos para los niños.
En ese sentido, el exministro indicó que si bien es cierto que existió esa reducción del G 3000 millones, tal hecho obedeció a un tope presupuestario que exige el Ministerio de Hacienda a todas las instituciones.
Rolandi mencionó, que durante el juicio oral y público realizado el julio del año pasado, se presentaron todas las pericias que demuestran que no existió ningún daño patrimonial atendiendo a que el monto se redujo no por su propia voluntad sino que para cumplir con una disposición del Poder Ejecutivo.
Hizo además referencia a la supuesta sobrefacturación que hubo en la compra de los alimentos, mencionó que la fiscalía hizo una comparación de precios de productos comercializados en supermercados y con la de la licitación pero obvio recargarle a la última el monto que la empresa cobró por el servicio de reparto y entrega de los alimentos, además de los gastos financieros.
Aclaró además, que la compra fue a través de la subasta a la baja electrónica y entre los calificados fueron seleccionados los más baratos, es ese aspecto mencionó que el perito de la fiscalía solo presentó una comparación de precios desde la página web del supermercado stock.
El otro punto cuestionado por la fiscalía fue que los productos alimenticios adquiridos no fueron entregados a los beneficiarios, punto que pudo ser demostrado por el Ministerio Público.
Por su parte, el fiscal de la causa Rodrigo Estigarribia, asegura que sí hubo sobrefacturación de alimentos, más la disminución arbitraria a los lotes de alimentos que ocasionó un perjuicio al estado paraguayo y que tal acción repercutió en la alimentación de los niños.
