El exsenador Víctor Bogado planteó una recusación contra el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia y el camarista Gustavo Santander, con el objetivo de evitar que estos estudien el pedido de revisión que interpuso contra su condena, por considerar que existen hechos nuevos, el mismo alega que el ministro supuestamente “presionó” a los miembros del Tribunal de Sentencia para que el exlegislador sea condenado en el caso conocido como “niñera de oro”.
El escrito presentado por el político alega que se vio en la obligación de recusar a los citados más arriba debido al proceder que los mismos tuvieron en su causa, en la que él considera fue arbitrariamente procesado y menciona además que tanto el ministro Candia, como el camarista Santander ya intervinieron en el recurso extraordinario de casación, agregó además que los recusados han demostrado una animadversión contra su persona.
Bogado indicó a PDS Radio-TV Digital que “me inventan un proceso sobre una cuestión meramente administrativa”, agregó además que mediante un tsunami mediático se logró mover a la Fiscalía así como ya se dio en varios otros casos, y que los fiscales solo tomaron la media verdad para la imputación en su contra.
Refirió, que sus derechos procesales fueron violentados desde el primer momento, al haberse tomado de una figura administrativa para criminalizar un hecho en la cual toman como que la Binacional también es un ente público y que en esa interpretación ya se da la primera atipicidad, señaló que en su carácter de administrador, lo único que hizo fue firmar un pedido de comisionamiento que “se mal direccionó y que a partir de ahí, fue fogueado y motorizado por un adversario mediático”.
Mencionó que él fue juzgado ya después de la prescripción de la causa, atendiendo a que dicha figura aplica desde que cesa el acto jurídico (último día en que Gabriela Quintana percibió el salario por parte de la Itaipú) y no así desde el día de la imputación.
Los antecedentes refieren que el extitular de Diputados fue condenado como cómplice de cobro indebido de honorarios a un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la pena a cambio de donar G. 20 millones mensuales a instituciones de beneficencia.
