La exparlamentaria María Eugenia Bajac accionó ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Paraguay, por la aprobación por parte de 40 senadores que votaron a favor de su pérdida de investidura el 14 de abril de 2020 por el presunto uso indebido de influencias.
La misma refiere en su escrito que no incurrió en el tráfico de influencias y que fue víctima de un accionar irregular, y violatorio de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y hace responsables a los Senadores de la Nación Paraguaya del periodo 2018-2023, ya que la decisión de destituirla fue tomada por sus colegas en ejercicio de un claro acto de autoridad, aludiendo para el efecto el artículo 201 de la Constitución Nacional, sin una ley que reglamente las causales y el procedimiento a seguir, por fuera del principio de legalidad.
La exsenadora alega que fueron violados los siguientes derechos: Violación al estado de inocencia, Imposibilidad de ejercer la defensa en un tiempo razonable, discriminación, afectación al acceso a la Justicia y a la protección judicial entre otros.
La misma acudió a instancias internacionales atendiendo a que en Paraguay ya fueron agotadas las instancias al ser declarada inadmisible la acción de inconstitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra su pérdida de investidura, el 12 de octubre de 2020, por mayoría, señalando que la presentación fue extemporánea y por ende no se estudió el fondo del planteamiento.
Recordemos que el año pasado, María Eugenia Bajac perdió su puesto en senado tras haber usado presuntamente sus influencias de manera irregular para solicitar permiso y pasajes y viáticos para participar de una actividad oficial en Guatemala, pero que finalmente no se llegó a concretar.
Además se le atribuye haber usufructuado bienes públicos en la embajada de Paraguay en Lima Perú, donde acudió por cuestiones meramente particulares.
Asimismo, tras el retorno de su viaje la misma no cumplió la cuarentena sanitaria establecida, lo que con lleva a una imputación por parte del Ministerio Público y posteriormente fue beneficiada con el criterio de oportunidad.
