La juez de ejecución Sandra Kirchhofer resolvió declarar extinguida la pena impuesta a Willyams Alberto Gauto Centurión y Silvia Mariela Acosta Villamayor, extesoreros de la Cooperativa Ypacaraí, al constatarse el cumplimiento íntegro del periodo de prueba de dos años sin que el beneficio haya sido revocado.
Ambos habían sido condenados en abril del año 2024 a dos años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba, en el marco de una causa por lesión de confianza que ocasionó un perjuicio patrimonial de Gs. 6.373.769.624 a la citada entidad. La sentencia dispuso reglas de conducta que debían ser observadas durante el periodo fijado, bajo supervisión judicial.
De acuerdo con el informe de la actuaria judicial, incorporado al cuaderno de ejecución, tanto Gauto Centurión como Acosta Villamayor cumplieron con las obligaciones impuestas por el juzgado de origen. Asimismo, se verificó que el periodo de prueba, que culminó el 25 de abril del corriente año, transcurrió sin incidentes ni revocatorias del beneficio otorgado.
En ese contexto, la magistrada aplicó lo establecido en el art.50 del Código Penal, que dispone la extinción de la pena una vez cumplido el plazo de prueba sin que se haya revocado la suspensión de la condena. La resolución también se enmarca en las competencias del juzgado de ejecución penal, encargado de controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en este tipo de medidas.
El juzgado ordenó además la comunicación de la decisión a instituciones como la Policía Nacional, la Dirección de Migraciones y la Justicia Electoral, conforme a los procedimientos vigentes. La resolución deja constancia de que la extinción de la pena no afecta otras causas eventuales que pudieran involucrar a los condenados.
