La familia Jacquet, representada por el abogado Carlos Trapani, presentó un urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la acción de inconstitucionalidad promovida contra el fallo que excluyó a la querella del proceso penal seguido contra el empresario Eugenio Sanabria Vierci. La causa se originó tras el accidente ocurrido en el año 2024 sobre la ruta Luque–San Bernardino, en el que fallecieron cuatro personas, entre ellas tres integrantes de la familia Jacquet.
Según explicó Trapani, la acción fue presentada hace seis meses contra una resolución del Tribunal de Apelaciones de Cordillera que dejó fuera del proceso al padre de Darío Jacquet, una de las víctimas fatales, quien había decidido intervenir como querellante tras el fallecimiento de su hijo. En ese momento, la defensa del acusado planteó que debían aplicarse las reglas del derecho sucesorio para determinar quién tenía legitimación para representar a la víctima en el proceso penal.
El juez de primera instancia rechazó inicialmente ese planteamiento, pero el Tribunal de Apelaciones acogió la tesis de la defensa y sostuvo que, conforme al régimen sucesorio, la hija de la víctima tenía un mejor derecho para intervenir en el proceso, lo que derivó en la exclusión de Severiano Jacquet como querellante.
El abogado señaló que lo que se discute ante la Corte es una cuestión de carácter procesal, penal y constitucional vinculada a la correcta aplicación de las leyes y, especialmente, al alcance de los derechos de las víctimas y de sus familiares dentro del sistema penal. En ese sentido, sostuvo que se trata de un debate que ya se ha planteado en otros casos de alto impacto público y jurídico, donde se analizó quiénes pueden intervenir, acceder a la investigación y ejercer la representación de los intereses de las víctimas.
Trapani remarcó que el caso reviste una sensibilidad particular, ya que involucra a personas que han sufrido un daño grave y que recurren al sistema penal en busca de justicia. Afirmó que la demora en el pronunciamiento de la Corte afecta directamente la posibilidad de que la familia pueda hacer oír su voz dentro del proceso, especialmente teniendo en cuenta que el trámite penal continúa su curso.
En el urgimiento presentado, la defensa de la familia solicita que la Sala Constitucional se pronuncie al menos sobre la admisibilidad de la acción y sobre la medida cautelar de suspensión de efectos, con el objetivo de evitar que el proceso avance sin la participación de la querella. Trapani indicó que, una vez concluido el juicio, el perjuicio derivado de la exclusión sería de difícil o imposible reparación.
Consultado sobre el estado actual de la causa penal, el abogado señaló que la familia permanece excluida por decisión del Tribunal de Apelaciones y que, a su criterio, el proceso ha estado marcado por situaciones que considera desiguales en la aplicación de la ley. En ese contexto, sostuvo que estos elementos refuerzan el debate sobre la igualdad ante la justicia y el trato que reciben las distintas partes sometidas al sistema penal.
Finalmente, Trapani reiteró que el pedido a la Corte no apunta a un trato preferencial, sino a obtener un pronunciamiento oportuno que permita aclarar una cuestión jurídica relevante y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas y sus familiares dentro del proceso penal.
