A casi una década de la promulgación de la Ley Nº 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, el Observatorio del Ministerio Público puso el foco en una de las consecuencias más persistentes y menos visibilizadas del feminicidio en Paraguay: la situación de los hijos que quedan huérfanos tras estos crímenes.
Entre los años 2017 y 2025, un total de 563 niñas, niños, adolescentes y adultos quedaron como víctimas indirectas de 354 feminicidios registrados en el país, de los cuales el 66% eran menores de edad al momento de la muerte de sus madres. El informe detalla que seis de cada diez huérfanos corresponden a niños, niñas y adolescentes, mientras que 170 eran hijos mayores de edad, algunos de ellos con discapacidad, lo que implica distintos abordajes judiciales y sociales para su protección.
El marco legal vigente establece que, cuando los hijos son menores de edad o presentan alguna discapacidad, rige la Ley Nº 7349/2024, que garantiza una pensión y medidas de protección a las víctimas colaterales de feminicidio u homicidio en contextos de violencia familiar.
En estos casos, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia o el Juzgado de Paz, según corresponda, evalúa las medidas de resguardo, verifica los requisitos para el acceso a la pensión y ordena su pago, además de intervenir en los procesos de guarda y custodia con acompañamiento de la Defensoría de la Niñez.
A la par, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia implementa un programa de atención integral orientado a garantizar el seguimiento, la restitución de derechos y la articulación con los servicios de salud, educación y asistencia social, con financiamiento previsto en el Presupuesto General de la Nación.
En cuanto a las víctimas directas, el Observatorio reporta que las 354 mujeres asesinadas tenían, en su mayoría, entre 30 y 59 años, seguidas por el grupo de 18 a 29 años, mientras que también se registraron casos de menores de edad y mujeres mayores de 60 años.
Los datos revelan que los feminicidios fueron perpetrados principalmente por parejas convivientes y exparejas, en contextos marcados por celos, rupturas recientes o ciclos previos de violencia y que los agresores se concentraron mayoritariamente en la franja etaria de 30 a 59 años. El uso de armas blancas y de fuego aparece como los medios más frecuentes, y los hechos se distribuyeron a lo largo de toda la semana, con mayor incidencia los domingos.
A nivel territorial, los departamentos de Central, Alto Paraná, Amambay, San Pedro y Caaguazú concentraron más del 60% de los casos. Desde el Ministerio Público señalaron que, a lo largo de estos años, se impulsaron investigaciones, juicios orales y condenas firmes, destacando la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de prevención y protección, tanto para las mujeres como para las víctimas indirectas que cargan con las consecuencias a largo plazo de la violencia extrema.
