El abogado Guillermo Ferreiro, defensor del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sostuvo que el pedido de intervención contra la Municipalidad esteña impulsado por la Contraloría General forma parte de un plan sistemático de persecución política y uso del sistema judicial para fines partidarios.
Durante una entrevista con PDS Radio, Ferreiro denunció que la maniobra responde a una estrategia ya conocida: “la típica jugada del pizarrón de grupos delictivos que quieren pulverizar autoridades no alineadas al poder colorado”. Citó casos como los de Fernando Lugo, Mario Ferreiro y Kattya González como ejemplos de líderes removidos o atacados judicialmente por motivaciones políticas.
“Esto no es nuevo, ni político solamente, esto es crimen organizado dentro del Poder Judicial”, sentenció el abogado, al referirse a las denuncias que involucran a jueces y fiscales en montajes de causas, venta de sentencias y manipulación del sistema judicial para fines personales o partidarios. “Hay chats, audios, pericias sin sustento y fiscales que arman causas con base en intereses de grupos mafiosos”, afirmó.
El abogado también aseguró que la auditoría realizada a la gestión de Prieto “no dice nada” que justifique una intervención y denunció que todo el proceso es un montaje para apartarlo del cargo por razones políticas. “Lo dijeron ellos mismos: ‘vamos a recuperar Ciudad del Este’. Ya está todo armado”, agregó.
El abogado separó la situación de Prieto de la del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez y afirmó que no existe equivalencia entre ambos casos. “Lo que hacen con Prieto no tiene ningún sustento. A él le hacen una auditoría que no detecta irregularidades, pero igual buscan su destitución”, criticó.
Además, anunció que están preparando una demanda civil por daño y perjuicio y que evalúan llevar el caso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la presunta violación de garantías constitucionales.
Ferreiro fue más allá y habló de un esquema de corrupción que implica pagos a jueces y fiscales para armar causas contra funcionarios que no responden a los intereses de ciertos sectores. “Esto no es justicia, esto es extorsión disfrazada de legalidad”, concluyó.
A pesar del panorama adverso, el abogado expresó su confianza en que, como en otras causas anteriores que ha defendido, lograrán la absolución de su cliente. “Vamos 9 a 0 ganados y este será el décimo”, afirmó.
