El juez penal de garantías especializado en delitos económicos Humberto Otazú fijó para los días 11 y 12 de marzo la audiencia preliminar en la causa que involucra a la intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán y a otras 13 personas acusadas por presunto desvío de fondos públicos y otros hechos punibles vinculados a delitos económicos.
La convocatoria fue dispuesta mediante providencia del juzgado, en el marco del expediente iniciado en el año 2018, en el que el Ministerio Público sostiene que los procesados habrían incurrido en irregularidades en la administración de recursos. En esta etapa, el juzgado deberá analizar los elementos reunidos por la Fiscalía y resolver si la causa reúne las condiciones para avanzar a juicio oral y público.
Además de la jefa comunal, fueron citados a la audiencia preliminar otros acusados, entre ellos funcionarios y particulares, quienes deberán comparecer en las fechas establecidas ante el Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno. La diligencia se desarrollará en dos jornadas consecutivas, atendiendo la cantidad de personas procesadas y la complejidad del expediente.
La audiencia preliminar constituye una fase clave del proceso penal, ya que en ella se debaten los requerimientos de las partes, se examinan las pruebas ofrecidas y se define la eventual elevación de la causa a juicio. También pueden plantearse incidentes y solicitudes procesales por parte de las defensas. SIn embargo, esta etapa del proceso ha sido suspendida en numerosas ocasiones por la cantidad de dilaciones presentadas.
Con la fijación de fecha, el proceso entra en una etapa decisiva tras varios años de tramitación, en la que el órgano jurisdiccional deberá determinar la viabilidad de la acusación y la continuidad del caso en la instancia oral.
