El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción fijó nueva fecha del juicio oral y público en un caso de presunta defraudación municipal que involucra un supuesto perjuicio patrimonial superior a Gs. 9.317 millones en la Municipalidad de Lambaré. La audiencia quedó fijada para el 17 de diciembre a las 08:00hs, bajo la presidencia de la juez Adriana Planás, acompañada por los magistrados Matías Garcete y Elsa García.
La acusación fiscal sostiene que un grupo de funcionarios habría implementado un esquema para anular irregularmente miles de comprobantes de ingresos de contribuyentes, generando un circuito paralelo que habría permitido desviar fondos públicos que debían ingresar a la comuna. En total, más de 6.000 facturas emitidas en el año 2019 habrían sido anuladas con mecanismos informáticos que, según el Ministerio Público, buscaban borrar rastros de la recaudación real.
El exintendente Armando Gómez Arévalo es uno de los procesados principales, quien enfrenta cargos por hurto en carácter de autor, estafa mediante sistemas informáticos como instigador y asociación criminal como autor. Para la Fiscalía, Gómez habría tenido un rol determinante, debido a su presunta intervención en la coordinación de los mecanismos que permitían alterar datos y desviar recursos.
El exdirector de Administración y Finanzas, Roberto Ever Paredes Ojeda también deberá afrontar juicio oral y público por hurto, estafa informática y asociación criminal, todos en carácter de autor. Los investigadores lo señalan como uno de los principales articuladores administrativos del esquema, por su dominio sobre las áreas encargadas del control financiero municipal.
Otro de los acusados es Rodrigo Javier Portillo Chirife, exjefe de Tesorería, a quien se atribuye una participación directa en la manipulación de datos y en la eliminación de registros contables. Enfrenta cargos por hurto, alteración de datos relevantes para la prueba, estafa informática y asociación criminal.
También fue acusado Ricardo Ronald Ricciardi, exfuncionario del Departamento de Gestión Tecnológica, cuya tarea técnica habría sido clave para la supuesta alteración del sistema de carga de facturas. Y finalmente, Edgar Iván Villalba Torreblanca, exdirector de Gestión Tecnológica, quien según el Ministerio Público habría permitido y facilitado el acceso al sistema informático para efectuar las anulaciones irregulares.
El caso llega a juicio tras años de investigación, informes de auditoría y peritajes informáticos que buscan establecer con precisión cómo operaba el esquema, quiénes tenían control de los accesos y cuáles fueron las rutas del dinero desviado. El Tribunal deberá valorar las responsabilidades individuales dentro de una estructura que la Fiscalía describe como una “organización con roles diferenciados y un objetivo común: sustraer fondos públicos mediante la manipulación del sistema informático de ingresos”.
