El juez de garantías Rodrigo Estigarribia fijó para los días 09, 10 y 11 de junio la audiencia preliminar del exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, su esposa Ruth Da Silva, su secretaria Camila Ramírez Gómez y la madre de esta, Elvira Gómez de Ramírez. Los mismos están acusados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la audiencia, se resolverá si la causa va o no a juicio oral y público.
La acusación es por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero, ante una inconsistencia negativa del matrimonio por Gs. 1.016.207.683, dinero que no pudo ser justificado y que se tiene como ingreso no sustentable.
El monto presuntamente lavado por el matrimonio a partir del enriquecimiento ilícito de Cáceres como funcionario público, ascendería a la suma de Gs. 7.764.350.575. Respecto a Ramírez y su madre, los fiscales sostienen que estas prestaron su consentimiento en colaborar con el matrimonio para asegurar el disfrute de los bienes de estos, ya que colaboraron en la traslación de propiedad a través de operaciones simuladas siendo que madre e hija no tenían los perfiles económicos para adquirir los bienes.
Según la acusación del Ministerio Público, entre 2016 y 2023, Cáceres, quien también ejercía como docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, acumuló un patrimonio muy superior a sus ingresos legales como funcionario público. De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República (CGR), el matrimonio Cáceres Da Silva registró ingresos por unos Gs. 3.126 millones, pero su nivel de egresos y adquisiciones superó los Gs. 7.700 millones.
Entre los bienes adquiridos por el matrimonio se destacan mansiones, vehículos de alta gama, terrenos en Ñemby y Piribebuy y costosos muebles, así como viajes al extranjero y contratos con productoras televisivas. Para evitar su detección y posible comiso, muchos de estos activos fueron transferidos en forma simulada a terceros, incluidas personas de su entorno laboral y familiar sin capacidad económica comprobada, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.
Una de las maniobras más destacadas fue la transferencia simulada de una lujosa vivienda en San Lorenzo a nombre de Camila Ramírez, una joven asistente odontológica de 19 años que percibía ingresos por debajo del salario mínimo. También se denunció la cesión de derechos de otro inmueble en Ñemby a su madre, Elvira Gómez, quien figura como beneficiaria pese a no contar con medios económicos para dicha operación.
