El senador Rafael Filizzola presentó este 03 de marzo una comunicación de antecedentes ante la Fiscalía General del Estado, solicitando la apertura de una investigación penal de oficio sobre la gestión de la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del abogado José González Maldonado.
La nota, dirigida al Fiscal General del Estado, invoca el art. 18 del Código Procesal Penal, que establece la obligatoriedad de la acción penal pública cuando el Ministerio Público toma conocimiento de hechos que podrían revestir carácter de delito. El legislador aclaró que su presentación no constituye una denuncia formal, sino una comunicación de antecedentes orientada a activar la actuación de oficio de la Fiscalía.
Entre los principales puntos expuestos, Filizzola menciona el crecimiento de la nómina de abogados externos del IPS que habría pasado de 10 a 29 profesionales y el aumento del gasto anual en honorarios, estimado en más de Gs. 2.600 millones. Asimismo, señala un incremento patrimonial del 215% en 15 meses atribuido al entonces director jurídico, quien habría justificado parte de sus ingresos en el cobro de honorarios derivados de un acuerdo transaccional con una empresa hotelera.
El documento también plantea presuntas irregularidades en el pago de Gs. 412.500.000 en concepto de honorarios profesionales, que, según la presentación, habrían sido abonados por el propio IPS y no por la contraparte del litigio. El senador solicita que se determine si estos hechos podrían configurar lesión de confianza, enriquecimiento ilícito u otros tipos penales contemplados en la legislación vigente.
Además, se hace referencia a posibles inconsistencias en declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General de la República y a eventuales implicancias tributarias que deberían ser verificadas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en caso de que existan ingresos distribuidos entre profesionales sin la correspondiente facturación o tributación.
Otro apartado del escrito apunta a la utilización del rubro presupuestario 910/915 “Gastos Judiciales” para la homologación de acuerdos extrajudiciales, señalando un incremento significativo en los montos ejecutados durante los años 2024 y 2025. Según la presentación, correspondería analizar si estos procedimientos se ajustaron a la normativa de contrataciones públicas y a los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas.
El senador también solicita que la eventual investigación abarque la totalidad de las actuaciones de la Dirección Jurídica del IPS durante el período mencionado, incluyendo acuerdos transaccionales, regulaciones de honorarios, contratos de alquiler y otros actos jurídicos vinculados.
Finalmente, Filizzola requirió que, en caso de disponerse la apertura de una causa penal, se practiquen diligencias iniciales como auditorías fiscales, pericias presupuestarias y la recopilación íntegra de los expedientes judiciales relacionados, a fin de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Hasta el momento, la Fiscalía General no informó oficialmente si dará curso a la solicitud de apertura de investigación de oficio.
