El fiscal Edgar Torales Gamarra de Yguazú presentó acusación contra el abogado Walter Acosta por los supuestos hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia, tras un violento incidente ocurrido durante un procedimiento de fiscalización en la estación de servicios San Miguel, en el distrito de Tavapy. La causa fue elevada al Juzgado Penal de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
Según la investigación, los hechos se registraron el 18 de marzo del 2025, cuando una comitiva del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) se constituyó en un surtidor para realizar una verificación técnica. Inicialmente, los inspectores fueron recibidos por un funcionario de la firma, quien autorizó la fiscalización tras avisar al propietario.
Durante el control, los fiscalizadores constataron irregularidades en tres picos de nafta súper que excedían la tolerancia permitida, lo que conforme a las normativas técnicas implicaba la aplicación de una multa administrativa. En ese momento, el abogado imputado llegó al lugar, profirió insultos y adoptó una actitud hostil contra los funcionarios públicos.
El episodio escaló cuando el profesional del derecho agredió físicamente a dos integrantes de la comitiva; propinó un puntapié a un funcionario del INTN y luego un golpe de puño en el rostro a una funcionaria, además de empujarla hasta obligarla a refugiarse en el vehículo institucional. Esta agresión quedó registrada en una filmación, mientras que la inspección médica forense constató escoriaciones, contractura articular y cefalea en la víctima.
Para la Fiscalía, estas conductas tuvieron como objetivo impedir la labor oficial de los fiscalizadores, configurando los hechos de coacción y coacción grave. Asimismo, el abogado se habría resistido al procedimiento policial cuando los agentes acudieron al sitio para intervenir. El requerimiento conclusivo presentado por el fiscal Torales incluye pruebas documentales, testificales, registros audiovisuales y pericias médicas que acreditan los hechos denunciados.
Cabe recordar que inicialmente la causa estuvo a cargo de la agente fiscal Rocío Celeste González, quien fue recusada por la defensa del imputado. Por resolución de la Fiscalía Adjunta, el expediente fue remitido al agente fiscal Edgar Torales, quien ahora solicita la apertura de juicio oral y público al considerar acreditada la responsabilidad del acusado en calidad de autor.
