La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió juicio oral para los ujieres Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, procesados en el caso de la mafia de los pagarés por actuaciones en el juzgado a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. El juez Humberto Otazú había dado un trámite de oposición a la postura de los fiscales que se allanaron a una suspensión condicional para ambos.
Ayala y Samudio se desempeñaban como ujieres del Juzgado de Paz de «La Catedral», 2° Turno, de la capital, a cargo de la exjuez Nathalia Guadalupe Garcete Aquino. Fueron acusados ya que, en el marco de expedientes tramitados, elaboraron informes a través de los cuales manifestaron que se constituyeron en los domicilios de las personas demandadas y que las notificaron de las demandas, sin embargo, tales notificaciones no fueron efectuadas.
La acusación señala que ciertos documentos, supuestamente ingresados por funcionarios judiciales y asociados a diversos juzgados, habrían sido incorporados a expedientes sin cumplir con los protocolos administrativos, sin firma responsable o con características que levantaban sospechas de alteración. Entre las pruebas detalladas en el requerimiento, se mencionan cédulas, notas y anexos que ingresaron en sobres cerrados, sin constancia de recepción y sin respaldo que permitiera establecer con claridad su origen.
Uno de los elementos centrales citados por la Fiscalía es el testimonio de una funcionaria que manifestó que nunca presentó los documentos que aparecieron luego en el expediente. Esta declaración, incorporada como prueba testimonial, respalda la hipótesis fiscal de que terceros pudieron haber actuado en su nombre para introducir papeles con contenido que no correspondía a actuaciones legítimas dentro del proceso judicial.
La representante fiscal sostiene en su acusación que la falta de trazabilidad y la ausencia total de registro en el sistema electrónico del Poder Judicial permitieron que los documentos cuestionados circularan sin control. Esta situación, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, vulnera directamente la integridad de los expedientes y podría configurar la comisión de hechos punibles con un impacto directo en el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
Asimismo, la acusación describe que varios documentos presentaban sellos borrosos, inconsistencias en la numeración y ausencia de firmas funcionales, elementos que, según el análisis preliminar, serían indicativos de posible fabricación posterior o incorporación irregular. La Fiscalía fundamentó su requerimiento citando informes técnicos, declaraciones testimoniales, constancias administrativas y la estructura de ingreso oficial de documentos, cuyo incumplimiento quedó acreditado en el expediente.
En el pedido de elevación a juicio, el Ministerio Público afirma que la conducta atribuida a los acusados excede un mero error administrativo y encuadra, conforme a la teoría del caso, en hechos punibles que atentan contra la autenticidad y veracidad de documentos públicos. Por ello, solicitó al Juzgado que remita el expediente al Tribunal competente para la apertura del juicio oral, donde se debatirán públicamente las pruebas incorporadas.
El requerimiento fiscal también hace hincapié en la importancia de preservar la cadena de custodia documental, remarcando que la alteración o sustitución de documentos dentro del contexto judicial afecta gravemente la confianza pública, pudiendo repercutir en resoluciones judiciales basadas en material inexistente, modificado o irregular.
Finalmente, la Fiscalía solicita expresamente en su acusación que las pruebas reunidas sean examinadas en debate oral y se pueda determinar la responsabilidad penal de los implicados conforme a la normativa vigente. El Juzgado deberá resolver si hace lugar al pedido y fija fecha para la apertura del juicio.
