En el marco del enjuiciamiento llevado a cabo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la fiscal adjunta Patricia Rivarola defendió su actuación procesal y denunció sentirse víctima de un ataque “vil y burdo” por parte de los representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quienes solicitaron su remoción del cargo.
Rivarola está siendo cuestionada junto con el fiscal Alcides Corvalán por haber ratificado un pedido de desestimación en una causa abierta contra el exdirector del Mercado 4, Juan Villalba, acusado de impedir un control en enero del 2023. La parte acusadora, representada por el director jurídico de la DNIT Fabio Andrés López Ortiz y la abogada Silvia Cabral, sostiene que ambos fiscales actuaron con deficiencia y desconocimiento de la ley.
Durante su descargo, la fiscal adjunta inició con una frase contundente: “Espero que sea la última vez que me traigan al banquillo de los acusados y de una manera tan vil y burda como lo está haciendo el representante de la DNIT”. Además, señaló que la presión que siente proviene de la asimetría de fuerzas frente a un miembro del Poder Ejecutivo con rango de ministro.
Rivarola reivindicó su trayectoria académica y profesional, recordando que lleva más de 30 años en la administración de justicia. “Fui practicante, fui dactilógrafa, actuaria, relatora fiscal durante muchos años. Soy docente universitaria hace más de 20 años en la UNA, en la cátedra de derecho internacional público. Jamás tuve sanciones en el ámbito judicial ni académico”, remarcó.
La fiscal adjunta también subrayó sus méritos académicos “No me pueden adjudicar que ignoro la ley. Para mí es una ofensa que me digan burra y deshonesta. Eso altera altamente la verdad”, afirmó con firmeza.
Respecto a los alegatos finales de la parte acusadora, que pidió su destitución, Rivarola defendió que su decisión de desestimar la denuncia se basó en fundamentos jurídicos sólidos. “Tomé una decisión con base en el derecho. Estoy sorprendida y no les puedo negar que, con cierto temor, porque aquí hablamos de desigualdad de piezas; un representante del Ejecutivo frente a una operadora de justicia”, expresó.
La audiencia en el JEM dejó en evidencia la tensión entre la DNIT y el Ministerio Público en este caso. Mientras los acusadores insisten en la remoción de ambos fiscales por supuestas deficiencias, la defensa apunta a que las actuaciones fueron plenamente ajustadas a derecho y que lo que existe es una presión indebida.
El proceso ahora queda en manos del Jurado, que deberá analizar si las actuaciones de los fiscales constituyen un motivo suficiente para su destitución o si, por el contrario, se trató de una interpretación legítima de la normativa procesal.
