El Fiscal Federico Leguizamón presentó un recurso de apelación contra el fallo que absolvió de culpa y reproche a los procesados por supuesto perjuicio a integrantes de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Contraloría General de la República (CGR), ya que el otorgamiento de dicho beneficio se ha estructurado en base a un deficiente y erróneo análisis.
Según la fundamentación del Fiscal, la sentencia recurrida contradice las constancias de la carpeta fiscal y del expediente judicial e invade el ámbito propio del juicio oral y público utilizando afirmaciones dogmáticas y formulistas para evitar la prosecución del proceso. La Sentencia Definitiva fue dictada en fecha 11 de enero del corriente año, por los magistrados Lourdes Garcete, Carlos Hermosilla y Celia Salinas.
Señala que la sentencia en cuestión carece de la determinación circunstancial de cada uno de los hechos que fueron objeto del juicio oral y que fue expuesta de manera minuciosa en los alegatos, demostrada a lo largo del juicio, así como en la producción de las pruebas, en el examen o contra examen de testigos y acusados y de la documentación introducida por su lectura. Sin embargo, en la sentencia no fueron incorporados los alegatos iniciales ni del Ministerio Público ni de la querella, donde está detallado de manera extensa cada uno de los hechos punibles y donde se exponen las circunstancias de los hechos.
Además de ello, menciona la carencia de enunciación de la determinación circunstanciada de los hechos objeto del juicio, lo que señala el primero de muchos vicios de la SD N° 13, omitiendo los alegatos iniciales de la representación fiscal y la querella, pero, de manera llamativa, en la misma sentencia si se puede leer de manera sumamente detallada todo lo expresado por las defensas y lo sostenido por ellas en sus alegatos iniciales.