El Fiscal Alejandro Cardozo encabezó un operativo que investiga un presunto hecho de tráfico de armas. A raíz de ello, se llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad de Capiatá y se logró la detención de tres personas.
Al respecto, el agente del Ministerio Público refirió a PDS Radio que la causa principal ya lleva una investigación de varios meses y refiere un presunto tráfico ilícito de armas. Según los datos proporcionados por el Fiscal, tuvieron conocimiento de que la persona sospechosa residía en una de las casas que fueron allanadas, sin embargo, ésta se trasladaba muy frecuentemente a la segunda casa allanada, es por eso que estuvo en la mira para el procedimiento.
El Fiscal explicó que en la segunda vivienda no pudieron encontrar nada que tuviera relación al caso principal, sin embargo, se encontraron con un aparente esquema de microtráfico de crack y cocaína e incautaron algunas de las dosis, que ya fueron sometidas a análisis de campo primario. Se ha solicitado la intervención de la Unidad de turno a cargo de la Fiscal Fani Aguilera.
“En la primera vivienda nosotros teníamos un objetivo, que era la persona investigada por la Unidad de Crimen Organizado. En la segunda vivienda nos encontramos con una persona con orden de captura y, tras el hallazgo de las sustancias, también fue detenida la persona encargada del domicilio y va a ser sometida a un proceso” agregó el Fiscal.
Se pudo incautar una recopilación importante de documentos que dan cuenta de un movimiento de compra de armas por parte de la persona detenida, serían alrededor de 527 armas de fuego de distintos calibres, sin embargo, no se conoce el paradero de las armas vendidas. El movimiento de dinero oscila alrededor de Gs. 3.700.000.000 en un periodo de seis meses.
Señaló que hasta el momento no se habla de un esquema como tal, ya que la información obtenida en estos meses de investigación es con relación a una sola persona consiguió los permisos de la Dimabel y compró una cantidad importante de armas en un corto periodo de tiempo por una suma importante de dinero. Refirió que no hay información de dónde se encuentran las armas al día de hoy, no hay una justificación de ventas.
“La ley obliga a las casas comerciales a reportar cada venta que hagan. Es importante remarcar que fue la Dimabel la que realizó la denuncia; hay un sistema informático integrado funcionando en la Dimabel, donde las casas comerciales tienen que reportar todas sus compras y a su vez, cuando venden al consumidor final, tienen que dar de baja el arma y dejar registro de a quién la vendieron” comentó.
