El Fiscal Leonardi Guerrero presentó una imputación formal contra seis personas, entre ellas funcionarios del Consejo de la Magistratura, postulantes a cargos judiciales y una magistrada en ejercicio. Los mismos están siendo investigados por la presunta comsión del hecho punible de producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso.
La causa se originó a partir de una denuncia formulada por el propio Consejo de la Magistratura el 11 de septiembre del año 2025, luego de que se detectaran supuestas irregularidades en certificados académicos presentados por concursantes que aspiraban a cargos de jueces, fiscales y defensores públicos. Tras varios meses de investigación y recolección de elementos de convicción, el Ministerio Público concluyó que existían indicios suficientes para formular imputación.
Según explicó el agente del Ministerio Público, la pesquisa permitió determinar que determinados postulantes habrían presentado certificados de especialización y constancias académicas presuntamente apócrifas con el objetivo de obtener puntajes adicionales en los concursos y mejorar su posición frente a otros aspirantes.
“Los documentos eran cargados al sistema por funcionarios del Consejo de la Magistratura, de manera que al momento de la validación de puntajes los postulantes obtuvieran una ventaja en la competencia”, señaló el fiscal. De acuerdo con el acta de imputación, uno de los principales hallazgos fue la utilización del certificado original de especialización en Derecho Procesal Penal expedido por la Universidad Privada del Este a favor de la abogada Liliana Fabiana Galeano Peralta.
La Fiscalía sostiene que dicho documento habría sido reproducido y modificado para insertar los nombres de Shirley Paola Irala Leite, Adán Fredy Rolón Villarreal y Mario Brítez Ruiz Díaz. El fiscal indicó que el presunto acceso al certificado original habría sido facilitado por Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, esposo de la titular del documento, quien posteriormente lo habría remitido al funcionario de archivo del Consejo, Rafael Prieto Quintana, para su recepción, digitalización y carga en el perfil virtual de los postulantes.
La investigación también abarca certificados y constancias académicas presuntamente expedidos por la Escuela Judicial del Paraguay. En el caso de Shirley Irala Leite, se detectó que un certificado atribuido a su nombre conetnía calificaciones y promedios correspondientes a otra alumna. Asimismo, el sistema académico no registró solicitudes de documentos ni pagos de aranceles vinculados a dicha postulante.
Respecto de Adán Fredy Rolón Villarreal, el Consejo de la Magistratura constató que presentó tres constancias académicas sobre cursos de formación continua realizados supuestamente en el año 2023; sin embargo, la Escuela Judicial informó que no existen registros de que haya participado en tales programas.
Una situación similar fue advertida con relación a Librada Beatriz Peralta Céspedes, quien habría remitido tres constancias académicas con características gráficas similares a las presentadas por Rolón Villarreal. Las verificaciones realizadas no encontraron registros de matrícula en los cursos consignados ni constancia de expedición de los documentos.
Debido a que Librada Beatriz Peralta Céspedes actualmente se desempeña como juez penal de Liquidación y Sentencia en Pedro Juan Caballero, el Ministerio Público solicitó al juzgado interviniente que comunique la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Corte Suprema de Justicia, a fin de iniciar el procedimiento correspondiente para su desafuero.
Una vez cumplido ese trámite, la magistrada podrá ser convocada para someterse al proceso penal y a la eventual imposición de medidas cautelares.
La Fiscalía atribuye a Shirley Paola Irala Leite, Adán Fredy Rolón Villarreal, Mario Brítez Ruiz Díaz y Librada Beatriz Peralta Céspedes la calidad de autores del hecho punible de producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso, previsto en el art. 246 del Código Penal.
A Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria se le atribuye participación en calidad de instigador, mientras que Rafael Prieto Quintana fue imputado como cómplice.
El expediente fue radicado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 7 a cargo del magistrado Miguel Ángel Palacios, que deberá convocar a los imputados a audiencia de imposición de medidas. Entre las medidas solicitadas por el Ministerio Público figuran la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, la prohibición de salir del país, la restricción para cambiar de domicilio sin autorización judicial y la prestación de caución.
El fiscal Guerrero solicitó además un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.
