El fiscal Leonardi Guerrero rechazó las versiones sobre una supuesta negativa de acceso a la carpeta fiscal en la causa que involucra a la magistrada Librada Peralta y otras cinco personas, investigadas por la presunta utilización de documentos no auténticos ante el Consejo de la Magistratura.
Durante una entrevista con PDS Radio, el agente del Ministerio Público afirmó que se tomó el tiempo de “verificar todos los extremos” relacionados con las declaraciones públicas surgidas en torno al caso y sostuvo que nunca nego acceso a la carpeta fiscal a ninguna de las personas involucradas.
Guerrero explicó que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Consejo de la Magistratura, institución que, según indicó, realizó previamente verificaciones preliminares sobre la eventual utilización de documentos presuntamente apócrifos por parte de la juez Librada Peralta y otros postulantes a distintos cargos. Recordó que el 19 de mayo se presentó la imputación formal contra seis personas, incluida la magistrada.
Señaló que, debido a su condición de juez y a los fueros que posee, el proceso debe seguir el tratamiento especial previsto en el art. 328 del Código Procesal Penal. En ese contexto, indicó que el juez de Garantías Miguel Palacios, quien quedó a cargo de la causa, resolvió comunicar la imputación y el pedido de desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Según Guerrero, mientras no exista una resolución de desafuero, la notificación formal no puede ser realizada.
No obstante, aclaró que, independientemente de esa situación, la magistrada podía acceder a información de la causa si se presentaba personalmente o mediante un representante legal. Afirmó que hasta el momento no existe constancia de que Librada Peralta haya acudido formalmente a la sede fiscal para solicitar copias o acceso al expediente. El agente fiscal aseguró además que verificó internamente esa situación, incluyendo registros de cámaras de circuito cerrado instaladas en el edificio del Ministerio Público.
Guerrero relató que el primer conocimiento que tuvo sobre una eventual intención de la magistrada de conversar con él ocurrió el 20 de mayo, mientras participaba junto a la fiscal Belinda Bobadilla en una audiencia preliminar de la causa conocida como “Mafia de Pagarés”.
Según explicó, en esa ocasión una abogada que representa a otro coprocesado le comentó informalmente que la juez deseaba hablar con él. El fiscal señaló que respondió que no tenía inconvenientes en recibirla, pero que en ese momento debía continuar con la audiencia y que podía atenderla posteriormente en su oficina. También manifestó que consultó a la profesional si ella representaría a la magistrada, pero que la abogada le indicó que no contaba con poder para ello.
Guerrero insistió en que no existe registro de que la juez se haya presentado posteriormente en la Fiscalía, ni el mismo 20 de mayo ni en días posteriores, pese a las versiones que señalaban que habría permanecido desde la mañana hasta la tarde esperando ser recibida. “Hasta hoy tampoco he tenido una información en mi oficina que ella haya venido posterior a la presentación de la imputación a acceder a la copia”, afirmó.
El fiscal sostuvo que, en su experiencia, incluso personas con fueros pueden acceder a información de las investigaciones cuando existen elementos suficientes que sostienen una hipótesis penal y cuando la defensa realiza una solicitud formal.
En relación con los hechos investigados, explicó que la calificación jurídica provisoria atribuida a los seis imputados, incluida la magistrada, es la de producción de documento no auténtico en la modalidad de uso. Guerrero también informó que remitió copias de la imputación a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a otras instancias administrativas correspondientes, a fin de comunicar oficialmente la existencia de la causa penal.
Respecto a las declaraciones realizadas por el ministro de la Corte Víctor Ríos, quien mencionó que la juez habría señalado que no fue recibida por el fiscal, Guerrero refirió que los ministros pudieron haber manejado información incompleta sobre lo ocurrido. El agente del Ministerio Público evitó atribuir intenciones a la magistrada, aunque reiteró que en su despacho recibe habitualmente a profesionales y procesados para brindar explicaciones y facilitar el acceso a la información permitida por la ley.
Finalmente, indicó que analiza remitir nuevas copias y explicaciones adicionales a la Corte Suprema para que los ministros puedan acceder a la totalidad de los antecedentes de la causa y formarse una conclusión objetiva sobre el procedimiento realizado por la Fiscalía.
