En el marco del juicio oral seguido al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Daniel Roa Burgos y al empresario Alberto Koube Ayala, el fiscal Silvio Corbeta expuso sus alegatos finales y solicitó penas privativas de libertad para ambos acusados, al considerar probada la existencia de un esquema de corrupción que habría generado un perjuicio económico a la institución estatal.
Según el Ministerio Público, durante el periodo en que Roa se desempeñó como titular de la SEN, se estableció una relación funcional indebida con el empresario Koube, quien habría resultado beneficiado de manera reiterada con adjudicaciones de contratos públicos, ya sea de forma directa o a través de empresas interpuestas. El fiscal sostuvo que dicha vinculación excedió el ámbito administrativo y se tradujo en beneficios personales para el entonces ministro y su entorno familiar.
Durante su exposición, la Fiscalía señaló que se acreditó la entrega de bienes y ventajas económicas como contraprestación por la adjudicación de licitaciones, entre ellas un yate valuado en aproximadamente USD 450.000 cuya incautación y comiso fueron solicitados al Tribunal de Sentencia por considerarlo producto del hecho punible investigado. Asimismo, se mencionaron otros beneficios atribuidos al empresario, que habrían sido otorgados a familiares directos del exsecretario de Estado.
El fiscal Corbeta afirmó que las pruebas colectadas permiten concluir que Roa, en su condición de máxima autoridad de la SEN, habría direccionado procesos de contratación pública en favor de Koube, incumpliendo los deberes inherentes a su cargo y afectando la confianza depositada en la administración de recursos destinados a situaciones de emergencia. Añadió que dichas decisiones no se habrían concretado sin la participación activa del empresario, a quien atribuyó un rol relevante en la estructuración de los mecanismos utilizados.
Uno de los ejes centrales de los alegatos del fiscal fue la contratación vinculada a la provisión de chapas metálicas, donde, según la acusación, se habría recurrido a una empresa que actuó como fachada para permitir la sobrefacturación de los insumos. De acuerdo con la Fiscalía, esta operatoria habría generado un perjuicio estimado en Gs. 805 millones a la SEN, mientras que el beneficio económico obtenido por Koube ascendería a más de Gs. 2.300 millones.
En cuanto a la situación procesal, el fiscal solicitó que se revoque el arresto domiciliario que actualmente cumple el exministro Roa, al sostener que la medida resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos atribuidos y al estadio procesal del juicio, sin perjuicio de que el tiempo cumplido sea computado en caso de una eventual condena.
Finalmente, el Ministerio Público requirió la aplicación de una pena de 10 años de prisión para Joaquín Roa, junto con la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una condena de 7 años y 6 meses de prisión para Alberto Koube. Ambos se encuentran acusados por diversos hechos punibles, entre ellos cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y lavado de activos, cuyas calificaciones serán analizadas por el Tribunal al momento de dictar sentencia.
