La fiscal Carina Sánchez solicitó una condena de 17 años de pena privativa de libertad para el cantante José Luis Gómez Amarilla, conocido artísticamente como OG Selu, en el marco de un juicio por trata de personas con fines de explotación sexual.
En declaraciones a PDS Radio, la representante del Ministerio Público explicó que el pedido de condena fue formulado tras la producción de pruebas durante el juicio oral, las cuales, según sostuvo, permitieron corroborar la participación del acusado en distintas etapas del esquema investigado.
De acuerdo con la acusación, Gómez Amarilla habría actuado como captador de víctimas, contactando a varias ciudadanas paraguayas y ofreciéndoles oportunidades laborales en España. La fiscal indicó que algunas mujeres fueron captadas bajo engaño respecto a las condiciones de trabajo, mientras que otras desconocían el tipo de actividad que finalmente se les exigiría realizar.
Una vez en territorio español, las víctimas habrían sido sometidas a explotación sexual en inmuebles ubicados en la provincia de La Coruña, específicamente en las ciudades de Ferrol y Narón. Sánchez señaló que en España ya fueron condenadas la madre del acusado, su padrastro y otros integrantes de la organización, con sentencias firmes en segunda instancia.
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, el acusado no solo habría gestionado el traslado y transporte de las mujeres, sino que en determinados periodos también habría participado en la administración de los lugares donde se producía la explotación.
La fiscal detalló que las víctimas contraían una supuesta deuda que oscilaba entre 4.000 y 7.000 euros, correspondiente a gastos de traslado y gestiones. Conforme al relato fiscal, los montos incluían recargos que duplicaban o triplicaban el valor real de los pasajes.
Una vez en España, las mujeres debían ejercer la prostitución hasta cancelar la deuda. Incluso después de saldarla, se les retenía el 50% de las ganancias obtenidas. Sánchez agregó que, según lo probado en la causa tramitada en España, también se obligaba a las víctimas a vender cocaína a clientes y consumir con ellos, lo que generaba beneficios adicionales para la estructura investigada.
El control sobre las mujeres se habría sustentado en el desconocimiento del entorno, el miedo y la amenaza de supuesta situación migratoria irregular, lo que, según la fiscal, limitaba sus posibilidades de abandonar el lugar. La fiscalía ya presentó sus alegatos finales, mientras que la defensa expondrá los suyos en la próxima sesión fijada para el 17 de febrero. Posteriormente, el Tribunal deberá dictar sentencia.
Sánchez recordó que la expectativa de pena solicitada, de 17 años, responde a la valoración de la participación atribuida al acusado en las distintas fases del hecho investigado. La decisión final quedará a cargo del Tribunal de Sentencia.
