El Ministerio Público formuló acusación y solicitó la apertura a juicio oral y público contra el concejal municipal de Santa Rosa del Aguaray, Luis Alberto Sala Ferreira, por el supuesto hecho punible de tráfico de influencias. La acusación fue presentada por el fiscal Francisco Cabrera ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Sala Ferreira habría solicitado al ciudadano Wenceslao Avalos la suma de Gs. 24.000.000 a cambio de interceder ante la intendenta municipal de Santa Rosa del Aguaray para la firma de una resolución administrativa vinculada al trámite de fraccionamiento de un inmueble perteneciente a los padres del denunciante.
Según la investigación, el expediente había sido observado por el Servicio Nacional de Catastro debido a un error en la identificación del distrito donde se encuentra el inmueble, lo que obligó a la Municipalidad a rectificar una resolución previa. En ese contexto, el concejal presuntamente habría condicionado la gestión administrativa al pago del monto mencionado, alegando contar con influencia directa sobre la jefa comunal.
El Ministerio Público sostiene que el pedido de dinero se habría reiterado en diversas oportunidades mediante llamadas, mensajes de texto y audios de WhatsApp, además de encuentros presenciales, algunos de los cuales fueron registrados mediante grabaciones de audio y video, con autorización judicial.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener que el acusado habría invocado su posición como concejal municipal para obtener un beneficio económico, prometiendo intervenir ante una funcionaria pública con capacidad de decisión en el trámite administrativo en cuestión.
En su análisis jurídico, el fiscal concluye que se configuran los elementos del tipo penal de tráfico de influencias, al haberse solicitado un beneficio económico a cambio de intermediar ante una autoridad pública, conducta que, de comprobarse en juicio, resulta contraria a la normativa penal vigente. La causa queda ahora a consideración del juzgado interviniente, que deberá resolver sobre la elevación del proceso a juicio oral y público.
