La fiscal Natalia Fuster presentó recusación contra los jueces Juan Carlos Zárate y María Fernanda García de Zúñiga, en el juicio que se debe realizar en cuanto a una nueva medición de la pena contra el extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas.
La presente recusación de la fiscal es para demostrar que existe el temor de parcialidad, sustentadas en la enemistad y odio que surge de la actuación de los magistrados recusados, quienes intervinieron en la causa Raúl Fernández Lippmann, Óscar González Daher y otros sobre tráfico de influencias, conocido como caso audios, que había criticado la labor del Ministerio Público y que decía que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados siempre se reciben llamadas y que justifican los aprietes desde dicho órgano.
“Considero que el Tribunal de Sentencia perdió toda credibilidad e imparcialidad al realizar su explicación oral en el juicio del caso audios, esto a razón de que el tribunal de mérito no tiene porqué cuestionar o enseñar cómo hacer su trabajo al Ministerio Público, su labor es la valoración de las pruebas y determinar la existencia o no de los hechos punibles atribuidos a los acusados, llegando al punto de justificar los “aprietes” realizados por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que eran objeto de la acusación fiscal, refiriendo que era una conducta normal “el ser llamado o presionado” en el marco de sus labores judiciales. Aclarando que no había diferencias entre ser llamado por un Ministro de la Corte o por un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Demostrándose ante la opinión pública, no ser un tribunal imparcial, ni adecuado para el juzgamiento de casos de corrupción, al perder completamente el eje de sus actuaciones como magistrados”, dice parte del escrito de recusación de la fiscal.
El 30 de julio pasado, el Tribunal de Apelación, integrado por Pedro Mayor Martínez, Emiliano Rolón y Gustavo Santander, había anulado la condena de 4 años de prisión para Cárdenas, sin embargo, confirmó el comiso de sus bienes por G. 3.200 millones. La fiscalía había pedido 11 años de cárcel para el ex titular del Indert.
