La agente fiscal Nathalia Chávez Solís, de la Unidad Penal Nº 5 del Ministerio Público en Coronel Oviedo, solicitó su desvinculación de la causa caratulada “Erwin Annau s/ supuesto hecho de desacato de orden judicial”, tras denunciar presuntas amenazas por parte del abogado defensor del imputado.
Según consta en la resolución fiscal Nº 76 del 26 de febrero del 2026, la representante del Ministerio Público decidió inhibirse en la investigación con base en el art. 57 del Código Procesal Penal, al considerar que las circunstancias expuestas podrían comprometer la objetividad de su actuación. En consecuencia, la causa fue remitida a la Unidad Penal Nº 1 a cargo de la fiscal Norma Ortiz.
De acuerdo con el relato consignado en el documento, el 25 de febrero pasado el abogado Ygnacio Daniel Sánchez Duarte, defensor del acusado, se presentó en la sede fiscal y solicitó una reunión con la agente. Durante el encuentro, según la versión de la fiscal, el profesional habría insistido en que el Ministerio Público se adhiera a un pedido de sobreseimiento definitivo planteado en la causa.
Ante la negativa de la agente fiscal, quien sostuvo que ya había formulado acusación y solicitado la elevación a juicio oral por considerar que existen elementos probatorios suficientes, el abogado habría manifestado que la denunciaría ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que su cliente tendría “la fuerza suficiente” para lograr su remoción del cargo.
A raíz de estos hechos, la fiscal Chávez Solís presentó una denuncia penal que dio origen a la causa Nº 1201/26, caratulada “Ygnacio Daniel Sánchez Duarte s/ amenaza”, actualmente a cargo de la fiscal Gladys Torales, de la Unidad Penal Nº 4 de Coronel Oviedo.
En su resolución de inhibición, la agente argumentó que el propósito de apartarse del proceso es preservar la imparcialidad y garantizar el debido proceso, evitando cualquier circunstancia que pueda afectar la objetividad exigida por la ley. El art. 57 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios del Ministerio Público deben inhibirse cuando existan circunstancias que comprometan gravemente sus criterios de actuación.
La causa principal guarda relación con uno de los procesos vinculados al caso conocido como “Paraíso Verde”, un emprendimiento inmobiliario desarrollado en el departamento de Caaguazú que fue objeto de múltiples investigaciones por presuntas estafas y otros hechos punibles. El proyecto, impulsado por el ciudadano alemán Erwin Annau, generó denuncias de inversores nacionales y extranjeros, derivando en procesos por supuesta estafa, desacato de orden judicial y otros cargos conexos.
En ese contexto, la causa se encuentra actualmente pendiente de audiencia preliminar. Con la inhibición de la fiscal interviniente, será la nueva agente asignada quien continúe con los trámites procesales correspondientes y defina la posición del Ministerio Público en la etapa previa al eventual juicio oral. El Juzgado Penal de Garantías deberá tomar conocimiento formal de la inhibición y del cambio de unidad fiscal, mientras avanza en paralelo la investigación abierta por la denuncia de amenazas.
