La agente fiscal Rocío Celeste González Alvarenga de Santa Rita, presentó acusación formal contra un hombre imputado por la presunta comisión del hecho punible de estafa y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría recibido una importante suma de dinero con el compromiso de realizar una transferencia internacional, operación que presuntamente no se concretó.
De acuerdo con la acusación, el denunciado habría percibido la suma de USD 43.000, monto que debía ser depositado en una entidad financiera del exterior en concepto de bono de garantía o seguro, destinado a cubrir una caución vinculada a un préstamo internacional. Sin embargo, según la investigación fiscal, el dinero no habría sido transferido a la cuenta indicada ni utilizado para el fin acordado. La Fiscalía señala que los fondos entregados al acusado provenían de transacciones comerciales realizadas entre la víctima y la empresa AGRO MONDAY S.A., circunstancia respaldada por informes oficiales emitidos por entidades bancarias, los cuales forman parte del cuaderno de investigación.
Conforme a la denuncia, en fecha 01 de octubre del año 2020, en la ciudad de Santa Rita, la víctima entregó el dinero en efectivo al hoy acusado, tras recibir referencias de un tercero. El objetivo era que este actuara en su representación y efectuara la transferencia a una cuenta bancaria ubicada en la ciudad de City Center, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según constaba en el comprobante identificado como Invoice N° 17111985.
En el momento de la entrega del dinero, el acusado habría extendido un recibo, documento que posteriormente fue sometido a un análisis pericial. El Laboratorio Forense del Ministerio Público concluyó que la firma atribuida al procesado, consignada en el recibo N° 0005 de fecha 01 de octubre del 2020, presenta coincidencias gráficas con las firmas indubitadas incorporadas a la causa, lo que refuerza los elementos de sospecha reunidos por la Fiscalía.
Con base en estos antecedentes, la agente fiscal solicitó al juzgado competente que la causa sea elevada a juicio oral y público, a fin de que los hechos sean debatidos en la etapa correspondiente del proceso penal, conforme a las garantías del debido proceso.
